"Pagarle a jubilados, buena decisión"

El diputado del Bloque Justicialista Diego Bossio juzgó ayer que "pagarle a los jubilados es una
buena decisión" aunque advirtió que su espacio político tiene "diferencias más profundas" en lo relativo al financiamiento contemplado en el proyecto de ley oficial.
"Tenemos algunos cuestionamientos porque queremos que la solución sea definitiva, no que sea parcial. Entendemos que cierta quita a los jubilados pueda haber para cobrar antes, pero (queremos) que se respeten los índices de la Corte, y no que se vuelva a generar nueva litigiosidad porque no se respetaron los índices que marcó la justicia", alegó.
En ese marco, el ex director de la Anses planteó que su bloque tiene "diferencias más profundas" en lo relativo al financiamiento del sistema, dado que se opone a que se vendan las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
"Nosotros claramente no queremos liquidar esos activos (del FGS). Queremos que todos los argentinos tengan la seguridad de que se van a jubilar, que tengan garantías, que tengan respaldo", fundamentó Bossio.

Proyecto de ley.
Sobre el proyecto de ley para pagar los juicios a los jubilados, el diputado señaló en declaraciones a radio Del Plata que "la discusión se da, como todo en el sistema previsional, en como se financia, y si es sustentable en el tiempo".
Explicó que "hay dos cosas centrales que muchos no entienden: el FGS no es un fondo de pensiones (donde se acumulan recursos para los jubilados) sino que son fondos que garantizan el sistema".
Bossio indicó que "las rentabilidades del FGS están autorizadas a usarse" con lo cual "no se necesita ninguna ley de ninguna naturaleza". "El FGS cobra intereses de plazos fijos, de bonos, de letras del tesoro. Cobró desde 2008 a la fecha 800 millones de dólares de dividendos de distintas empresas", precisó.
En este contexto, sostuvo que su bloque cree que esos dividendos "son suficientes para atender el flujo de necesidades de financiamiento sin la necesidad de vender los activos, sin la necesidad de descapitalizar el fondo, sin la necesidad de privatizar cuestiones que son complejas".

Explicación técnica.
"Esa discusión yo creo que va a estar saldada en la Cámara de diputados", opinó Bossio, y admitió que él insistirá en el recinto con la explicación técnica sobre esta cuestión "para que lo
entiendan el resto de los diputados y que podamos ganar en el debate franco y sincero porque el tema de la seguridad social no atañe solo el hoy sino la perspectiva futura".

Pensión universal.
Consultado sobre la creación de la pensión universal a partir de los 65 años, juzgó que si se compara con la pensión no contributiva (que es desde de los 70) "es una mejora" pero "si se compara con el sistema jubilatorio es un retroceso".
En este sentido abogó por "continuar con las moratorias porque implica que la persona que aportó algunos años puede completar los aportes, y tiene derechos jubilatorios" que "es mejor" que tener una pensión.
En este punto, adelantó que su bloque va "a tratar de incluir un artículo que extiende la moratoria al menos por 3años que es la fecha que ellos suponen que se pueda presentar una reforma integral del sistema previsional".

Consenso.
Diputados de Cambiemos buscarán consensuar esta semana con sus pares de la oposición reformas al proyecto de ley para pagar las sentencias a los jubilados y reajustes de haberes, que el oficialismo aspira a votar en una sesión que se celebrará el próximo 15 de junio.
Por lo pronto, mañana al mediodía los diputados seguirán analizando el proyecto en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto, que conducen el sindicalista massista Héctor Daer y el macrista Luciano Laspina, donde intercambiarán opiniones con representantes de jubilados, y se estima que el dictamen se podría firmar entre el miércoles y el jueves.
El gobierno aspira a votar a mediados de junio el proyecto ómnibus que contempla el pago de sentencias y reajustes de haber para más de dos millones de jubilados, que se solventará con un impuesto que se cobrará por el blanqueo de capitales y el Fondo de Garantía Sustentable donde se autorizan a liquidar las acciones del Estado en Empresas Privadas. (DyN y Télam)