Pidieron documentación

Los abogados Eduardo Barcesat, Francisco Cholvis y Arístides Corti presentaron ayer un escrito ante dos juzgados, fiscalía y la Cámara Federal de Casación Penal en el que piden el secuestro de "documentación obrante en la Procuración del Tesoro Nacional", según ellos retaceada en el marco de la causa "Fondos Buitre" que iniciaron en marzo de este año.
Los letrados, integrantes del Instituto Arturo Sampay, quienes fueron rechazados como querellantes en la causa, presentaron igual un escrito ante los jueces federales Sebastián Casanello, Sebastián Ramos y el fiscal Federico Delgado, "para que no se demore, más de lo que ya se ha demorado, el secuestro" de esa documentación requerida a la Procuración del Tesoro.
Según el escrito, el procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, "fue requerido a presentar todos los antecedentes del reclamo de bonistas italianos acaudillados por Nicolas Stock" en presentaciones contra el gobierno argentino ante el tribunal Ciadi, del Banco Mundial, pero "no ha cumplimentado el requerimiento judicial hasta la fecha".
En marzo último, los mismo abogados denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri y a los funcionarios del Ejecutivo y los legisladores "que tengan autoría o participación" en la negociación que derivó en un arreglo con los llamados fondos buitre.
"Esta actitud (de la Procuración del Tesoro) de retacear información al Poder Judicial obedece, seguramente, a que los negociadores del Gobierno argentino comprometieron el pago del total del capital reclamado", en este caso 2.500 millones de dólares, a "1,50 por cada dólar estadounidense, para satisfacer el reclamo de 168.000 bonistas italianos", sostuvieron.
Los abogados del Instituto Sampay, aun sin reconocerle competencia al Ciadi, señalaron que "hasta la fecha no se ha dictado laudo alguno" por parte de ese tribunal del Banco Mundial y que la verificación efectuada por expertos del mismo "arrojó que en realidad son 58.000 bonistas, 5.000 de ellos sin documentación suficiente, y que el capital es menos de un tercio de lo reclamado".
"El desastroso acuerdo arribado por los negociadores argentinos, además, infringe la ley de emergencia económica y financiera argentina, prorrogada hasta diciembre de 2017, que impide al Gobierno Nacional pagar reclamos judiciales hasta tanto no medie sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada", afirmaron. (Télam)