Pollicita tiene hasta el jueves para apelar

El juez federal Daniel Rafecas aseguró que no existe "absolutamente ninguna evidencia que revele que el Gobierno argentino tuviera alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la Justicia" en el esclarecimiento del atentado contra la Amia sino que, por el contrario, "agotó todas las instancias para lograr que la investigación avance".
Así lo hizo en una entrevista realizada en la noche del jueves por la agencia internacional Reuters, que trascendió ayer, en la que el magistrado -quien el jueves desestimó la denuncia penal por supuesto encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios- señaló que "no es posible bajo ninguna circunstancia abrir una investigación penal en estas condiciones".
"No hay absolutamente ninguna evidencia que revele que el gobierno argentino tenía alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la Justicia argentina si no que era al contrario; el gobierno argentino agotó todas las instancias para lograr que la causa que investiga el atentado a la Amia avance", aseveró Rafecas.

 

Evidencia..
En este sentido, consignó que "la evidencia presentada a este juzgado es exactamente opuesta a lo que sostenía (el fiscal Alberto) Nisman" y remarcó que, en consencuencia, resolvió que "no es posible bajo ninguna circunstancia abrir una investigación penal" contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, según planteaba la denuncia.
"Hace dos semanas que me puse a estudiar el caso. En estas dos semanas, he trabajado con una asombrosa y pasmosa tranquilidad", aseguró Rafecas en la entrevista y agregó: "Nadie, ni de un lado ni del otro, se ha acercado para hacer sugerencias o presiones".
Por otra parte, la fiscalía de Gerardo Pollicita tiene plazo hasta el jueves a la mañana para apelar la resolución de Rafecas ante la Cámara Federal porteña.

 

Aclaración.
El juez federal aclaró ayer que la inclusión de la frase "habilitación de la feria judicial" en su dictamen se debió a un "error material", debido a que se utilizó un "modelo" de "resoluciones previas" que "en este caso era de enero".
"Ante informaciones publicadas en la fecha, el Juzgado desea aclarar, en el marco de la medida de desestimación dispuesta en la denuncia presentada por el Dr. Nisman, que la referencia a la 'habilitación de la feria judicial' se trató de un error material debido a que se suele trabajar sobre modelos o formatos de resoluciones previas, en este caso una de enero, y se omitió retirar esa frase que evidentemente no debía estar allí", se señaló en un comunicado.
En el texto, difundido ayer a través de la página web del Centro de información Judicial (CIJ), se agregó que "en concreto, se dispuso inmediatamente a la firma de la resolución que: 'Previo a toda notificación a las partes de la resolución de fojas 465/499, toda vez que se ha advertido un error material en el punto III de la parte dispositiva, aclárese que el mismo queda redactado de la siguiente manera 'III Notifíquese a quien corresponda mediante cédula urgente con copia de lo resuelto. Fecho, cúmplase con la remisión arriba ordenada'".

 

Cristina.
La presidenta publicó ayer en su sitio web el fallo del juez federal Daniel Rafecas que desestimó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento en la causa AMIA, y marcó algunos de los puntos más destacados del escrito.
Cristina publicó el escrito en español y en inglés y destacó que del fallo se desprende que "no hay condiciones mínimas para el inicio de una investigación".
A su vez, en el escrito se indica que "ninguna de las dos hipótesis de delito que el fiscal Pollicita plantea en su requerimiento para dar curso a la investigación penal (la de la Comisión de la Verdad tras la firma del Memorando con Irán y la del levantamiento de las alertas rojas de interpol para los iraníes acusados en la Causa Amia) se sostienen mínimamente".

 

Alertas rojas.
Asimismo, la mandataria destacó que con respecto al levantamiento de Alertas rojas, "el juez Rafecas no sólo dice que no hay forma de argumentar la hipótesis de la comisión de un delito sino que afirma que 'la evidencia reunida la desmiente de un modo rotundo y lapidario'".
En otro de los puntos analizados en el escrito, se hace referencia a las escuchas telefónicas que forman parte de la denuncia de Nisman, y se señala que "las personas sobre las que hay escuchas no integran organismos públicos, lo que vuelve difícil la conexión con las máximas autoridades del Estado, y además, que lo que surge de esas grabaciones es, en el mejor de los casos, la preparación de un delito - que no es punible penalmente".

 

"Tildé la denuncia de ridícula".
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo ayer que "seguramente" la Cámara Federal "se va a expedir de la misma manera" que el juez Daniel Rafecas, al ser consultado sobre la posibilidad de que sea apelada la desestimación a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, impulsada por su colega Gerardo Pollicita, contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"Yo tildé la denuncia de ridícula y luego dije que es bochornosa y lo reitero, y no hay otra puerta para salir que la del Derecho", manifestó Fernández al ser consultado sobre el dictamen de Rafecas que rechazó la imputación contra Cristina y el canciller Héctor Timerman, entre otros, por el supuesto encubrimiento de los acusados iraníes en la causa por el atentado contra la AMIA.
Asimismo, Fernández afirmó, en declaraciones formuladas al ingreso a la Casa de Gobierno, que "la Cámara no le puede dar la razón porque la denuncia es una burrada en sí misma".
También consideró que "es tan burda, tan insensata, tan poco profesional", que "sólo resta pensar que fue hecha por alguien que no sabe de Derecho".

 

Documento.
Por otra parte, Fernández resaltó que "lo que no está en el expediente no existe" y afirmó que "el tema más delicado de lo que yo vi de la sentencia (de Rafecas) es la presencia de los dos documentos escritos; por un lado si Irán decía que sí y por otro lado si Irán decía que no, que se encontraban en la caja fuerte de tribunales firmados por el fiscal sin fecha".
En la misma línea agregó: "Yo no vi nunca una cosa de esas características. ¿Cuál es el objetivo de hacer semejante cosa?. Un documento, por más que esté firmado, lacrado y sellado por 850 escribanos guardados en la caja fuerte es cero, porque lo que no está en el expediente no existe".
"¿Porque no estaban en el expediente?"- se preguntó, previo a responder: "porque es diametralmente opuesto a lo que decía la denuncia ¿Por qué no refiere a la propia denuncia si dice que la fecha de elaboración sería 1 de diciembre del 2014; y otro de enero del 2015 si era inminente la presentación de la denuncia porque no hace referencia en la denuncia?", insistió Fernández.
Y continuó: "Porque en ese documento lo que hace específicamente es expresar de buenos términos, casi adulando, reconociendo y ensalzando la actitud que ha tenido el Poder Ejecutivo desde el 2004".
Y se preguntó: "¿no llama la atención esa situación diametralmente opuesta con la denuncia y sus propios escritos?".

 

"Todos los recursos".
El gobierno nacional puso a disposición del juez federal Luis Rodríguez "todos los recursos" del Poder Ejecutivo para garantizar la seguridad del ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, quien semanas atrás había denunciado amenazas en su contra y solicitó protección para sus hijas en el marco de causas que tramitan ante el juzgado a cargo de ese magistrado.
El titular de esa cartera, Julio Alak, hizo una presentación ayer al mediodía ante ese juzgado en la que señaló que "sin perjuicio de que el nombrado ha rechazado la custodia oportunamente ofrecida, resulta necesario extremar todos los recaudos posibles para brindarle la máxima protección estatal", según informaron mediante un comunicado de prensa.

 

Contrabando.
El juez en lo penal económico Rafael Caputo libró ayer oficios a la Secretaría de Inteligencia y a la AFIP-Aduana, como parte de las primeras medidas de prueba ordenadas en la causa que investiga por supuesto contrabando al ex jefe de Operaciones de la SI, Antonio Stiuso, entre otros imputados.
El magistrado pidió a la AFIP-Aduana que a través de convenios existentes con otros países requiera información para identificar a los proveedores de las mercaderías supuestamente contrabandeadas y qué particulares o empresas figuraban como destinatario final, explicaron a Télam fuentes del caso.
Este es un mecanismo previo al envío de exhortos internacionales, se explicó.
En la investigación se apuntará establecer quién pagaba cada envío y cuántos hechos hubo en total además de individualizar a los agentes de transporte aduanero y fleteros, para intentar determinar quién pagaba por los servicios.