miércoles, 20 noviembre 2019
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Presentaron amparo contra vialidad

LA DEPENDENCIA ESTATAL NO ENTREGA LA INFORMACION SOLICITADA POR LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

La Auditoría General de la Nación (AGN) denunció y presentó un amparo contra el Ministerio de Transporte porque desde hace casi un año la Dirección Nacional de Vialidad no responde los requerimientos de documentación e información para poder ser auditada sobre cuestiones económicas, financieras, patrimoniales y operativas referidas al año 2018. Como informó el matutino porteño, Página12 ha habido múltiples denuncias de la Federación del personal de Vialidad Nacional (Fepevina) y del Sindicato de Trabajadores (STV) sobre maniobras con la construcción de rutas y autopistas y hasta un informe interno que mostró que de los 2800 kilómetros de autopistas prometidas por el Gobierno sólo se hizo el 3 por ciento.
El amparo quedó radicado en el juzgado Contencioso Administrativo 11, a cargo de Cecilia G.M de Negre, y es muy similar a otro que también había presentado la AGN contra la Oficina Anticorrupción (OA).

Presentación.
«Motiva esta presentación la conducta reticente de la Dirección Nacional de Vialidad para brindar en tiempo y forma la información que se le solicitara de manera reiterada», comienza la presentación judicial del organismo encargado del control externo de las dependencias públicas. «La demandada no ha cumplido con la entrega de toda la información que le fuera requerida. De ninguna manera se puede ejercer la función de control asignada a este órgano por la Constitución Nacional si no se cuenta con la totalidad de lo requerido», dice el texto.
La AGN señala que hizo el primer pedido de informes a Vialidad el 20 de diciembre de 2018. Se le dio 10 días para responder, pero el 4 de enero pidió prórroga. El 6 de febrero envió algo de información «en soporte magnético» pero sólo cumplió parcialmente con el requerimiento.
Desde entonces repitió el mecanismo de entregar pocos datos y pedir más prórroga. La AGN le impuso un apercibimiento y en agosto último firmó un dictamen con una intimación, pero nada cambió.

Información adeudada.
Entre las información que el organismo no entregó esta la normativa por la que se crearon y se asignaron al organismo los distintos recursos propios, transferencias internas y externas y crédito externo; las decisiones administrativas distributivas de los créditos para 2018 y las modificaciones presupuestarias; normas para la aprobación de contrataciones y pagos; los convenios y contratos con entes públicos o privados, «que den origen a la generación de pasivos, gastos y o entrega o recepción» de bienes o servicios; el listado de las causas judiciales donde Vialidad haya sido demandada; el detalle de sus deudas; sus fondos fiduciarios; si posee deuda externa y el detalle de los préstamos; un inventario de sus inmuebles, su valuación y otros bienes; el detalle de las obras en curso y las que permanecen con saldo al 31 de diciembre de 2018; los certificados de obras; el listado de los terrenos utilizados para las obras; y la nómina del personal.
Lo que ha quedado en evidencia en los últimos tiempos con las múltiples denuncias son maniobras en las obras de rutas y autopistas. Las advertencias de los trabajadores muestran la discrepancia entre los planes que se diseñan, se anuncian y luego no se concretan.
De los 2.800 kilómetros de autopistas, previstos en el Plan Nacional Vial, sólo se hizo el tres por ciento. De los 4.000 kilómetros anunciados en el programa Rutas Seguras sólo se concretó el 0,15 por ciento, apenas seis kilómetros. O sea, se trata de irregularidades de procedimiento de enorme envergadura porque son millones de pesos invertidos en diseños y planificación que luego terminaron en la nada.

Presupuestos.
Desde el punto de vista de los costos y presupuestos, también Fepevina y STV sostuvieron que hubo negociados y aumentos sin explicación. El STV incluso presentó una denuncia penal. Uno de los tramos de la Ruta 8 se licitó por 285 millones de pesos durante el kirchnerismo, pero el gobierno de Mauricio Macri lleva pagados 2.500 millones de pesos (casi diez veces más) y no se cumplió con ninguno de los plazos de finalización. La obra fue adjudicada a Iecsa, la empresa que fuera de la familia Macri, y a la que se le permitieron aumentos muy superiores a los concedidos a otras dos empresas, en tramos contiguos de la misma ruta.
STV y Fepevina dicen que las trampas en general se hicieron permitiendo modificaciones de las obras, siempre encareciéndolas, pero luego bajándolas de categoría: en lugar de autopistas se construyeron rutas, en lugar de tres carriles, dos carriles, en lugar de hacer nuevos terraplenes sólo se repavimentó. Por su parte, la auditoría interna de Vialidad emitió un durísimo dictamen a principios de 2019 señalando la debacle del Plan Nacional Vialidad y el incumplimiento casi total de los planes. (Página12.com)