Procesamiento para Menéndez

El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército fue nuevamente procesado con prisión preventiva, por delitos de lesa humanidad cometidos en la D2 de la policía cordobesa y en un penal del barrio San Martín.
La jueza federal número 2 de esta ciudad, Cristina Garzón de Lascano, ordenó ayer el procesamiento y prisión preventiva a militares y policías que actuaron durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención conocido como D2 y en la cárcel
penitenciaria. El caso está vinculado con las investigaciones judiciales sobre el Departamento de Informaciones de la policía provincial (D2) y la cárcel penitenciaria del barrio San Martín.
Entre los procesados figura el represor y ex titular del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que será juzgado junto a otros siete imputados el 27 de mayo, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Perla, en el denominado “caso Brandalisis”. La resolución de la jueza alcanza también a Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz y Miguel Angel Pérez, entre otros policías y militares.
Las imputaciones están referidas a tormentos agravados sufridos por presos políticos entre abril y octubre de 1976.

Aberraciones.
Garzón de Lascano procesó a Alsina por los tormentos seguidos de muerte sufridos el 15 de junio de 1976 por José René Moukarzel, quien falleció en la cárcel de Barrio San Martín, luego de ser estaqueado desnudo y mojado permanente con agua fría. También procesó a Pérez y Mones Ruiz por el fusilamiento de Raúl Augusto Bauducco, el 5 de julio, en el patio del penal, y a los policías del D2 Carlos Alberto Yanicelli, Miguel Angel Gómez, Calixto Luis Flores, Alberto Luis Lucero, Yamil Yabour, Juan Eduardo Molina y Ricardo Cayetano Rocha. Todos están involucrados en una causa vinculada a los tormentos sufridos por Diana Fidelman, María Eugenia Irazusta, Eduardo Bártoli y Víctor Hugo Chiavarini.

Beneplácito.
El secretario de Derechos Humanos de Córdoba, Luis Baronetto, exteriorizó su satisfacción por la decisión. En diálogo con radio Universidad de Córdoba Baronetto dijo que la medida está vinculada con el fusilamiento de militantes que fueron ilegalmente privados de su libertad, entre los cuales estaba su esposa.
Recordó que entre abril y octubre de 1976 fueron 29 los fusilados en intentos de fuga fraguados, a los que se suman otros dos que no estaban en los registros del penal y murieron torturados en la D2. (Télam)