Procesamientos por explotación de travestis en la zona roja

En el marco de la causa conocida como “Tacos blancos”, la Justicia marplatense resolvió confirmar los procesamientos de la organización criminal que captaba personas trans, en su mayoría de nacionalidad peruana o ecuatoriana, para explotarlas sexualmente en la zona roja y obligarlas a vender droga.
Además, los jueces consideraron como agravante que todas las víctimas estaban atravesadas por situaciones de vulnerabilidad en razón del género y por su situación social y económica desfavorable.
Con los votos de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, se resolvió mantener diez de los trece procesamientos -los tres restantes no fueron apelados por lo que quedan firmes-, que había firmado el juez de primera instancia, Santiago Inchausti, a partir de la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que coordina en el distrito el fiscal general Daniel Adler, y en la que intervino el fiscal federal Nicolás Czizik.
La investigación logró determinar que 23 mujeres trans fueron víctimas de esta organización, que actuaba de manera articulada, sobre dos sectores de la denominada zona roja.
Una de ellas, comprendida por las arterias que enlazan la Avenida Luro en forma perpendicular, en particular las calles comprendidas entre Victoriano Montes y Francia.
La otra estaba comprendida por la Avenida Champagnat y las esquinas de Belgrano, Rivadavia y San Martín, y alrededores.
El primer sector estaba liderado por una mujer trans y su pareja; y el segundo por dos personas trans y la pareja de una de ellas.

Prostitución.
De acuerdo a la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, la organización bajo una distribución de roles y el supuesto propósito de proteger a las travestis que se encontraban en situación de prostitución en la zona, gobernaron su voluntad, las captaron y facilitaron su permanencia en el país y la ciudad, al tiempo que decidían dónde, cómo y cuándo estas personas debían vender sus cuerpos.
De hecho, los imputados se encargaban de trasladar y ubicar a las víctimas en las distintas paradas, les prometían protección y diversos “beneficios” a cambio de una suma de dinero.
Además, las sometían al comercio de droga: les daban los estupefacientes que las mujeres vendían luego a ocasionales prostituyentes.
Según la investigación, la estructura criminal contaba, a su vez, con la complicidad de eslabones policiales. (NA)