Proyecto ingresó a Diputados

El proyecto de ley de emergencia social, que fue aprobado en el Senado con el apoyo de casi todo el arco opositor, ingresó ayer a la Cámara de Diputados y a pedido del massismo buscarán que se trate en una sesión especial del jueves en el recinto.
Luego de varios días en que la Presidencia de la Cámara alta demoró su giro tras la media sanción, finalmente el proyecto por el que vienen pujando las organizaciones sociales ya está a disposición de los diputados.
La dilación le permitió al oficialismo ganar tiempo en su estrategia para impedir que la oposición pudiera emitir despacho en comisión, posibilidad que se desvaneció completamente al expirar el plazo reglamentario del 20 de noviembre.
En este contexto, la única alternativa que le queda en pie a la oposición para sancionar este año la ley es que logre forzar el tratamiento sobre tablas en la sesión especial del jueves, que fue pedida por el massismo para tratar emergencia social en conjunto con la reforma al Impuesto a las Ganancias.
Se trata de una posibilidad muy remota, ya que la oposición precisaría contar con dos tercios de los presentes para habilitar el debate y posterior votación, objetivo que por ahora le es esquivo considerando que Cambiemos ya adelantó que no tiene ningún interés en tratar esta iniciativa y que llegado el caso podría sentar a sus 87 diputados (más de un tercio de los 257 integrantes totales de la cámara), frenando el tratamiento.
Agotado este recurso, la oposición podría hacer un último intento para colar sobre tablas el proyecto en la sesión extraordinaria del 14 de diciembre, pero no estaría a salvo de que el oficialismo lo trabe con la misma maniobra.

Críticas.
La Coalición Cívica, que integra el frente Cambiemos, confirmó que no contribuirá a abrir las puertas en el recinto para que el proyecto pueda ser votado: el diputado nacional de esa fuerza política Fernando Sanchez catalogó el proyecto como "irresponsable" e "irrealizable desde lo fiscal".
Sus declaraciones estuvieron en línea con lo manifestado más temprano por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien cargó contra la propuesta al advertir que no precisa fuentes de financiamiento, y dijo que "ojalá" pudieran crearse "un millón, cinco o diez millones de puestos de trabajo por ley".
El aspecto más discutido del proyecto tiene que ver justamente con el financiamiento para la creación de un millón de puestos de trabajo en obra pública, la fijación de un Salario Social Complementario para trabajadores informales equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil y un aumento del 15 por ciento en el monto de las Asignaciones por Hijo y Embarazo.
El Frente para la Victoria, Libres del Sur y otros bloques que apoyan la iniciativa proponen que los fondos provengan de impuestos a juegos de azar, a la megaminería y a la renta financiera.

Frente Renovador.
Hoy a las 19.00 se conocerá en conferencia de prensa la postura del Frente Renovador, que al principio del debate había dejado entrever su respaldo a la iniciativa de los movimientos sociales a través de Graciela Camaño, pero que en los últimos días puso el freno de mano a partir de las dudas que empezaron a exhibir públicamente otros voceros del espacio como José Ignacio de Mendiguren.
El autor del proyecto, el senador del PJ-PFV Juan Manuel Abal Medina, se había mostrado confiado este fin de semana en que la iniciativa será acompañada por todo el arco opositor en la Cámara de Diputados, entre quienes incluyó al Frente Renovador de Sergio Massa y a Margarita Stolbizer. (NA)