Rechazo de la procuradora

DICTAMEN CONTRA JUBILACIONES DE PRIVILEGIO

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de la constitucionalidad de la ley 26475, que extingue las jubilaciones de privilegio obtenidas por quienes fueron funcionarios de la última dictadura con rango de subsecretarios de Estado o superiores.
Carbó se pronunció en estos términos al rechazar el recurso extraordinario presentado contra una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social que no había hecho lugar al amparo de un ex funcionario de la dictadura, a quien la Anses le había adecuado sus haberes jubilatorios de acuerdo con lo dispuesto por la mencionada ley, informó ayer fiscales.gob.ar, el sitio del Ministerio Público en Internet.
Había presentado el amparo José Angel Paolino, ex secretario de Estado en el Ministerio de Cultura y Educación entre noviembre de 1978 y marzo de 1981, y en primera instancia obtuvo una resolución favorable pero luego, apelado por la Anses, el recurso fue declarado inadmisible por la Cámara.
Carbó recordó en su dictamen que, por el cargo de secretario de Estado que ejerció, Paolino había obtenido una jubilación especial en el marco de la ley 21121, actualmente derogada y percibió ese haber extraordinario hasta que, en virtud de la sanción de la ley 26475, la Anses declaró la extinción de ese beneficio y adecuó la jubilación al régimen general.

Graves vicios.
La jubilación de privilegio que cobraba Paolino era “una gratificación extraordinaria otorgada en reconocimiento del ejercicio de un cargo jerárquico en la última dictadura durante dos años y cuatro meses”, dijo la procuradora y agregó que la “adquisición originaria” de ese beneficio “estuvo rodeada de graves y particulares vicios”.
“Esa concesión otorgada por autoridades de facto padece de una ilegitimidad en la causa, a saber, la concesión de un reconocimiento al mérito a quien fue designado por autoridades de facto para desempeñar un cargo jerárquico en la estructura central de ese gobierno”, puntualizó.
Para Gils Carbó, “configura un contrasentido otorgarle un reconocimiento al mérito a quien conformó un gobierno que usurpó el poder a las autoridades democráticas y que cometió graves violaciones a los derechos humanos” y aludió, en este orden, a fallos de la Corte Suprema y dictámenes de la Procuraduría.

Control ideológico.
Señaló además que Paolino “tuvo un rol protagónico” en la política educativa de la dictadura, orientada a “alcanzar un control ideológico, que fue una de las columnas del plan sistemático ideado por ese gobierno para eliminar el disenso”.
En consecuencia, sostuvo que “la postura del recurrente no parece justificada, ya que persigue el mantenimiento a perpetuidad de una estabilidad generada por un acto de naturaleza ilegítima”.