Repudian el uso de las Taser

Políticos de un amplio espectro, dirigentes de entidades de derechos humanos y abogados calificaron como "retrógrada", "represiva" y "política" la decisión del Superior Tribunal de Justicia (TSJ) porteño que revocó el fallo que impedía al gobierno de la Ciudad comprar las pistolas eléctricas Taser para la Policía Metropolitana.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificó ayer de "un despropósito superlativo" la adquisición de este armamento, cuestionado por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que produjo más de 600 muertes en Estados Unidos desde 2001.
El funcionario señaló que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, "solamente conoce la fuerte represión" y recordó que durante la toma del Parque Indoamericano, el líder del PRO
"nos pedía que le diéramos la Policía Federal para sacar a los manifestantes".
En ese sentido comentó que "para Macri será un placer ver un tipo revolcándose en el piso torturado por tan solo asistir a una manifestación", en alusión a los efectos que produce la descarga eléctrica de las Taser.
Dirigentes de diversas expresiones de la izquierda se sumaron al repudio al considerar que las armas van a "reforzar el accionar represivo" de la Metropolitana.
El Frente de Izquierda repudió la medida judicial y lo hizo a través de las declaraciones del legislador porteño Marcelo Ramal, quien dijo que el macrismo "está tomando las disposiciones para reforzar el accionar represivo" de la Metropolitana.

Críticas.
Por su parte, el sociólogo y asesor en seguridad en la Legislatura Porteña, Andrés Pérez Esquivel, aseguró que "la insistencia del gobierno con las Taser parece tener que ver poco con una cuestión técnica sino con una profunda vocación antidemocrática y un enorme gusto por los negocios".
"No hay que olvidar que Montenegro tiene dos demandas penales por millones de euros de sobreprecios en compra de pistolas sin licitación y a precio de minorista, y que cada cámara de seguridad nos está costando 175 mil pesos a los porteños, cuando como mucho deberían costar 30 mil", indicó el hijo del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
En tanto, el subsecretario de Promoción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y autor del amparo que había frenado la adquisición del armamento, Carlos Pisoni, consideró que el fallo "es una burla" y recordó que distintos organismos internacionales se oponen al uso de estas "neopicanas".
"Hay gente que tiene problemas cardíacos, o están tomando alguna medicación y no van a preguntar esas cosas antes de disparar", graficó.
En sintonía, el abogado del Observatorio de Derechos Humanos (ODH), Demián Konfino, calificó de "político" y "retrógrado" la decisión del Superior Tribunal de Justicia. (Télam)