"Se ha comprobado todo"

El final del juicio a dos sacerdotes y un ex jardinero imputados por violaciones y corrupción de menores que asistían al instituto Antonio Provolo, previsto para hoy en Mendoza, era esperado con mucha expectativa en la comunidad y distintos organismos que aguardan fallos condenatorios que puedan convertirse en "un ejemplo y referencia en el mundo". Así lo señaló en diálogo con Télam la diputada radical Daniela García, una de las primeras en escuchar las denuncias de los vejámenes en la Legislatura provincial y quien llevó el caso a la justicia.
"Mendoza será un ejemplo y referencia en el mundo", auguró García, al recordar denuncias similares por abusos sexuales cometidos por sacerdotes en ciudades como Verona, en Italia; o en La Plata, donde nunca se llegó a una instancia de juicio oral.

Denuncia.
Tras tres años de investigación, la justicia decidirá la culpabilidad o no de los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y al jardinero Armando Gómez (51), acusados de "abuso sexuales con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores" contra niños hipoacúsicos" cometidos en el instituto Provolo de la localidad mendocina de Luján de Cuyo. García fue quien en 2017 escuchó por primera vez a Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas, quien ayudado por un intérprete de señas le contó en la propia Legislatura los hechos aberrantes que ocurrían en el Próvolo.
Fue un 18 de noviembre de 2016, en medio de una charla sobre los Derechos del Niño en la Legislatura de Mendoza, cuando la senadora (hoy diputada provincial), tomó coraje y llevó la denuncia a la justicia. "No me siento protagonista, los protagonistas son ellos", aseguró y llamó a mantener esa escucha activa y creer en estas personas porque lo que vivieron fue durísimo".

"Tiene que ser ejemplar".
García resaltó que "el mundo está pendiente de lo que pasa en Mendoza. Creo que se va a hacer justicia, se ha comprobado todo y por eso se ha pedido una condena ejemplificadora", al recordar que la fiscalía pidió una pena de 45 años para los sacerdotes, mientras que los querellantes solicitaron la pena máxima, de 50 años. Sin embargo, fue la defensora oficial Alicia Arlotta quien solicitó la "nulidad" del debate argumentando que se "violó el derecho a la legítima defensa".
"No hay justicia que repare el daño que le hicieron a estos jóvenes y niños. La justicia es reparadora sobre una gran parte porque sino todo sería mucho peor, pero el daño ya esta echo para toda la vida", lamentó la diputada radical, quien fue testigo en el debate.
García, valoró la fuerza que tomaron las víctimas para decir que les paso allí adentro y si bien "la reparación nunca será completa para ellos, que al menos exista una justicia les va a aliviar un poco el daño". "Hay padres que hasta que surgieron las denuncias no sabían que les pasaba a sus hijos. Decían esto es imposible. El espacio físico del Próvolo era muy lindo pero internamente era de terror", recordó.
Por eso, señaló que así como muchas instituciones estatales confiaba en que la sentencia del lunes "tiene que ser ejemplar para Mendoza, para el país y para países vecinos y del mundo, y que esto sea el puntapié inicial para generar este tipo de prevención".

Imputaciones.
El fiscal Gustavo Stroppiana, quien encabezó la mayoría de la instrucción, imputó a Corbacho por 16 hechos de abuso, de los cuales ocho son por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones); y a Corradi y a Gomez por seis hechos de abuso sexual a cada uno, aunque finalmente quedaron 25 casos y no 28. Otra de las acusaciones es por corrupción de menores, ya que la acusación indica que las víctimas eran obligadas a ver videos y revistas pornográficas.
Esta es la primera de tres causas que completan la de la monja Kosaka Kumiko, con prisión domiciliaria y acusada de haber participado en vejámenes y corrupción de menores hipoacúsicos en el instituto. En tanto hay una tercera causa que se espera llegue pronto a juicio, que involucra a la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, por omisión.

"Un silencio que aturdía".
El procurador de la Corte mendocina, Alejandro Gullé, aseguró tener "muy buena expectativa de un resultado condenatorio" a los dos sacerdotes y al jardinero y remarcó que en esa institución para niños hipoacúsicos se vivía "claramente un silencio que aturdía". "Fuimos los primeros, aquí en Mendoza, que hemos sometido a juicio a sacerdotes de esta orden, que se sabía que venía de la ciudad de Verona (Italia) y que venia escondiéndose de un lado para otro", dijo el jefe de los fiscales provinciales. Y, remarcó que "se ha logrado desentramar algo que estaba cerrado, era claramente un silencio que aturdía". Gullé dijo a radio Nihuil que tenía "una muy buena expectativa de un resultado condenatorio" y que sentía "satisfacción porque se ha puesto en valor la tarea del Ministerio Publico". Los jueces del Tribunal Penal Colegiado 2, Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, leerán hoy antes del mediodía la sentencia, donde se espera la presencia de víctimas, familiares, y numerosos medios de prensa locales e internacionales por lo que se dispondrá de un fuerte operativo en el lugar, adelantaron fuentes de tribunales. En las etapas de los alegatos, los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci, que actúan en representación de cuatro víctimas del Próvolo solicitaron la pena máxima para este tipo de delitos contra la integridad sexual, es decir 50 años de cárcel de cumplimiento efectivo, contra Corradi y Corbacho, mientras que para el jardinero Gómez, pidieron 30 años de reclusión. Previamente el Ministerio Publico Fiscal solicitó una pena de 45 años para los sacerdotes y 22 años y medio para Armando Gómez. (Télam)