Se profundiza la crisis textil

La pronunciada caída en las ventas de la industria textil, sumada a la apertura de importaciones, afecta directamente a los trabajadores. En los últimos siete meses se registraron más de 5 mil pérdidas de puestos laborales, según denunciaron desde los gremios textiles.
Uno de los símbolos de esta industria, la empresa Alpargatas, anunció 500 despidos de la planta de Tucumán, que se suman a los cierres de Catamarca y La Pampa que la compañía ejecutó en los últimos meses. Los sindicatos reclaman un cambio en las políticas económicas para frenar los despidos masivos.
Mientras los índices económicos hablan de una contracción en la actividad del 9 por ciento para este año y un acumulado del 30 por ciento desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, la crisis en Alpargatas no se detiene. La empresa líder en calzado contaba hasta el momento con siete plantas industriales: cuatro, destinadas al negocio textil en Corrientes, Buenos Aires, Catamarca y Chaco; y tres dedicadas al negocio de calzado en Tucumán, Catamarca y Santa Rosa. Estas tres fueron las que sufrieron un brutal ajuste.

Despidos.
"Cerraron la planta de Santa Rosa, una planta histórica, un ícono de 34 años que llegó a albergar a más de 1.300 trabajadores", explicó Nerio Medina, de la Asociación Obrera Textil de La Pampa, al programa A los Botes de radio Futurock.
Medina relacionó la pronunciada crisis del sector con las políticas económicas del gobierno, que fomenta la entrada de productos extranjeros. "La apertura de importaciones destruye trabajo sistemáticamente en el sector textil. A las Pymes las destrozó. En los últimos siete meses, se perdieron más de 5 mil puestos de trabajo", puntualizó.
El dirigente gremial afirmó que sólo en una semana se perdieron más de 1.000 puestos laborales en Alpargatas. Sumando este recorte, desde diciembre de 2015, la empresa redujo su plantel de trabajadores a más de la mitad. Pasará de tener 3.700 empleados a 1.623, un 57 por ciento menos.
"El poder adquisitivo está roto, la clase media recibiendo todo el palo grande. La devaluación fue terrible, la pérdida de salario también, las paritarias a la baja. Negociamos un 25 por ciento contra el 40 por ciento de inflación", se lamentó el trabajador, quien insistió en que la única forma de que repunte la industria es con un cambio de rumbo en las políticas.
La semana pasada, la fundación Proteger advirtió que prevé una contracción de la actividad del 9 por ciento este año, para totalizar un 30 por ciento desde la asunción de Macri. Además, alertó que el sector utiliza solo el 40 por ciento de la capacidad productiva que existía entonces.

Canale en quiebra
La justicia dictaminó la quiebra de Industrias Alimenticias Mendocinas (Canale), en un fallo en el que dispuso garantías para la continuidad laboral de sus trabajadores. "El principal objetivo es el mantenimiento del trabajo de los empleados, lo que lejos de contrariar el interés de los acreedores, se ve identificado con el mismo. Los trabajadores constituyen un valor inconmensurable dentro de la empresa", sostuvo el juez Alberto Alemán en la resolución.
El magistrado remarcó que las tres plantas que el grupo tiene en la provincia de Mendoza inciden en la economía regional, por lo que el eventual cierre de la planta -en caso de que ocurriera para pagar las deudas del concurso de acreedores- afectaría a un conjunto mayor de personas.
Si bien el fallo se refiere específicamente a las tres plantas mendocinas de la compañía, dedicada a la elaboración de conservas de tomates, legumbres, dulces y mermeladas, el magistrado también solicitó que se comunicara su decisión a los jueces que intervienen en los concursos preventivos del resto de las plantas del grupo, ubicadas en Lavallol (Buenos Aires) y Catamarca. En el caso de Mendoza, los operarios efectivos son 124 efectivos, pero en tiempos de cosecha los contratados llegan a 1.200.
"Estamos sin obra social y por los atrasos en el pago de los sueldos con situaciones familiares muy complicadas. Tuvimos que hacer un pozo común para que algunos compañeros pudieran pagar el viaje para seguir viniendo a trabajar", contó a Página/12, desde Tunuyán, el delegado Carlos Tello. (Pagina12.com)