Senado aprobó la emergencia social

El Senado aprobó ayer y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia social y propone elevar un 15 por ciento las asignaciones universales por hijo y por embarazo, que es rechazado por el Gobierno.
La iniciativa, que tuvo 45 votos a favor y 13 en contra, fue impulsada por los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna, del PJ-FPV, y Jaime Linares, del GEN, a partir del reclamo que desde hace meses sostienen organizaciones sociales como Barrios de Pie, la CCC y la CTEP, con apoyo de la CGT.
La alianza oficialista Cambiemos se resiste al avance de esta iniciativa debido al costo fiscal que implicaría y con el argumento de que no contempla el financiamiento, como lo expresaron los senadores de ese interbloque durante la sesión para justificar su voto en contra.
La aprobación por parte de la Cámara alta se produjo a dos días de que las organizaciones sociales marchen junto a la CGT a las puertas del Congreso para reclamar la sanción de la ley antes de fin de año, que dependerá ahora de la Cámara de Diputados.
El proyecto declara la emergencia social y alimentaria y propone, en ese contexto, un aumento del 15 por ciento de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, así como también promueve la creación de un millón de puestos de trabajo bajo el programa de Ingreso Social con Trabajo.
Además, establece la creación del Consejo de la Economía Popular en la órbita del Ministerio de Trabajo, para que fije un "salario social complementario" destinado a los trabajadores de la economía informal.
Durante su defensa del proyecto, Abal Medina subrayó que la intención es dar "un paso importante para empezar a salir de la idea de planes sociales y pasar a la idea de planes de trabajo" mediante el programa de Ingreso Social.
Respecto del financiamiento de las medidas que dispone el proyecto, que no figura entre los artículos, el senador bonaerense sostuvo que se podría obtener "2.200 millones de pesos provenientes de grabar con el uno por ciento plazos fijos de personas físicas".

Obras.
Además convirtieron en Ley el proyecto del Poder Ejecutivo que fija las normas para los contratos de "Participación Público-Privada" celebrado entre el Estado nacional como contratante y el sector privado como contratista.
La iniciativa obtuvo 43 votos a favor y 15 en contra, estos últimos de legisladores del sector kirchnerista y de la centroizquierda.
En tanto se abstuvieron la representantes del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexel, y el chubutense del FPV, Juan Mario Pais.
La norma busca desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.
El Senado aceptó las modificaciones introducidas por Diputados entre las que se destacan mayores controles medioambientales y la responsabilidad del contratista.
Además, aumenta de un 25 a un 33 por ciento la obligación de participación de bienes y servicios de origen nacional en los contratos de obra pública.
Asimismo, se incorporó la creación de una Comisión Bicameral de control de este contratos.

Inmueble.
El Senado también aprobó, sin debate, un proyecto de declaración en contra de la decisión del gobierno nacional de poner en venta un inmueble en los Estados Unidos.
"El Senado expresa su enérgico rechazo a la política de venta de bienes inmuebles situados en el exterior asignados a la Cancillería, en particular la residencia oficial de la Embajada Argentina en los Estados Unidos, ubicada en el centro de su capital, Washington", señala la iniciativa.

Malvinas.
Por último, los senadores votaron por unanimidad, la creación de un régimen previsional especial de carácter excepcional para los ex soldados que combatieron en Malvinas y para los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio o apoyo en el Atlántico Sur.
Según la iniciativa, convertida en ley, podrán solicitar el beneficio quienes hayan cumplido los 53 años y hayan aportado durante diez años al Sistema Integrado Previsional Argentino. (Télam y NA)

Aprobaron pliegos
El Senado aprobó el ascenso del vicecanciller Carlos Fornadori y otros integrantes del cuerpo diplomático, y avaló los nombramientos de jueces y fiscales, entre ellas Graciela Gils Carbó, sobrina de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La nómina de diplomáticos que ascendieron de categoría incluye a Foradori, Ana María Ramírez, Martín García Moritán, Arnaldo Tomas Ferrari, María Ruth de Goycoechea, Daniel Chuburu, Alejandro Eugenio Alonso Sainz, Guillermo Daniel Raimondi y Teresita Silvia González Díaz.