Senado avaló pliegos de la AFI

CUESTIONARON NUEVAS FIGURAS DEL CODIGO PENAL

La comisión de Acuerdos del Senado emitió ayer dictamen de mayoría a los nombramientos de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani como director y subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante una audiencia en la que ambos funcionarios rechazaron imputaciones en su contra y que sólo contó con la disidencia de tres senadores del Frente para la Victoria.
El dictamen de las designaciones, que podrían ser tratadas en la sesión del Senado del miércoles próximo, contó con la firma del oficialismo y de la mayor parte del Frente para la Victoria, liderado por el jefe del bloque Miguel Pichetto.
Quienes decidieron no acompañar el dictamen, los senadores del FPV Mario Pais, Ruperto Godoy y Juan Manuel Abal Medina, y el senador del peronismo federal Adolfo Rodríguez Saá, argumentaron que esperaban recibir documentación por parte de los funcionarios que refuerce sus exposiciones respecto a las acusaciones que se formularon en contra de ambos.
Tanto Arribas como Majdalani rechazaron los cuestionamientos durante la audiencia de ayer que presidió el senador del FPV, Rodolfo Urtubey, quien explicó que en lo formal se habían rechazado las impugnaciones presentadas contra los directores de AFI por extemporáneas.
No obstante, Arribas explicó que no tiene “ninguna vinculación con ninguna sociedad off shore” en el caso conocido como Panamá Papers, como circuló en versiones periodísticas, y si bien aceptó que no posee experiencia en el área de inteligencia declaró que el presidente Mauricio Macri lo nombró “no por ser su amigo sino porque confía en su capacidad de trabajo”.
“No tengo ni he tenido ni he formado parte de sociedades radicadas en Panamá. Se trata de versiones periodísticas que no dicen la verdad. Sólo existe una sociedad llamada La Veneciana en la cual hay una persona que tiene mi nombre que probablemente sea un homónimo”, aclaró.
Arribas, que es escribano, brindó un detallado informe sobre su plan de gestión al frente de la AFI, en el que precisó que al asumir encontró un organismo “sobredimensionado” con 53 direcciones, muchas de las cuales “ni siquiera funcionaban ni tenían un director”.

Proyectos de ley.
Los proyectos de ley que incluyen en el Código Penal las figuras de “extinción de dominio” y de “arrepentido” para casos de corrupción, fueron cuestionados por especialistas en Derecho y jueces durante la segunda jornada de debates que se lleva a cabo en el Senado de la Nación.
Dos de los invitados que más criticaron los proyectos que aprobó la Cámara de Diputados en junio fueron los ex integrantes de la Cámara Federal que juzgó los delitos de los integrantes de la junta militar: el radical Ricardo Gil Lavedra y el peronista León Arslanián.
Gil Lavedra opinó que la figura del arrepentido debería quedar solamente “para crímenes específicos como la ‘corrupción’ y la ‘trata de personas”.
Además, el ex diputado, hoy coordinador general del programa para la reforma de Justicia 2020, reclamó que “el beneficio procesal de la excarcelación del arrepentido debe ser luego de que sea corroborado su testimonio”.
En tanto, Arslanián aseguró que no se puede “estropear el estado democrático del derecho argentino extrapolando instituciones de otros sistemas jurídicos”.
“Si no se tiene cuidado con la introducción de estas figuras, es probable que sean declaradas inconstitucionales”, afirmó y dijo que el proyecto del “arrepentido” viola “el principio de inocencia”.
Además, sobre la figura de “extinción de dominio”, Arslanián aseveró que “es grave ejercer la acción sin que haya una sentencia penal”.
A su turno, Félix Crous, de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración General de la Nación, dijo que “la retribución de bienes a particulares o a una ONG es una forma de privatización y una oportunidad para negociados”.
En tanto, Fernando Díaz Cantón, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, enfatizó que “nada de lo que vaya a decir un arrepentido puede ser valorado como prueba”.
Edgardo Donna, profesor de la Universidad de Buenos Aires, se preguntó “cómo va a haber un acuerdo entre un presunto delincuente y el fiscal” y opinó que “va a llevar a cualquier cosa”.
(Télam)