Sigue la ofensiva de Cambiemos

El oficialismo quiere impulsar antes de fin de año un proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal que le permita remover de su cargo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
El terreno para esa empresa quedó preparado luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials declarara en un fallo emitido hace dos semanas la inconstitucionalidad del artículo de la ley que establece el mecanismo del juicio político para remover a la procuradora.

Proyecto.
Un diputado nacional del bloque Cambiemos confirmó en diálogo con periodistas parlamentarios que, con este escenario, en la Cámara baja habrá un proyecto antes de fin de año para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal.
El objetivo de la iniciativa será llenar el vacío legal que dejó el fallo al establecer un nuevo proceso de remoción de la procuradora general, un objetivo del Gobierno desde el primer día de la gestión del presidente Mauricio Macri.
El oficialismo ya había intentado en 2016 avanzar con una reforma de esa norma que acotaba el mandato de Gils Carbó, hoy vitalicio, a seis años, pero fue la diputada nacional aliada de Cambiemos Elisa Carrió quien bloqueó la iniciativa tras manifestar sus diferencias con el sistema de designación de fiscales.

Demanda.
Semanas atrás, el juez Cayssials hizo lugar a una demanda promovida por la agrupación Será Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en contra del artículo 76 de la ley 27.148 que rige a la Procuración General de la Nación.
Ese artículo establecía el juicio político como único mecanismo para remover a quien ocupara la Procuración General de la Nación y el juez entendió que era inconstitucional porque igualaba a la jefa de los fiscales con los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
"El privilegio que la Ley 27.148 le concede al titular del Ministerio Público, resulta muy superior al que tienen todos los jueces de la Nación (con excepción de los magistrados de la Corte Suprema), lo que resulta incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad de los funcionarios, contemplados en la Constitución Nacional", explicó el magistrado en las últimas horas. (NA)