Suspendieron la liberación de Astiz y otros represores

El fiscal Raúl Plee presentó un recurso extraordinario apelando la medida de la Cámara de Casación Penal, quien había determinado la excarcelación de los dictadores. Hubo expresiones de repudio.
En medio de una polémica política y jurídica que involucró al Gobierno y a la Corte Suprema, la Cámara de Casación Penal suspendió ayer la liberación de Alfredo Astiz y de otros once represores, que el propio tribunal había determinado este jueves en la megacausa de la ESMA.
La suspensión de la liberación de los represores -algunos de ellos emblemáticos, como Astiz y Jorge “el Tigre” Acosta- se concretó tras un pedido del fiscal Raúl Plee, quien presentó un recurso extraordinario apelando la medida de la Casación, según informaron fuentes judiciales.
La medida adoptada ayer por los camaristas Wagner Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García tendió a descomprimir la polémica que se había desatado desde el mismo momento en que se conoció el fallo de la liberación y que llevó al Gobierno a impulsar el juicio político de dos de esos camaristas.

Respuestas.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, advirtió en este sentido que el Gobierno “no permitirá que razones supuestamente procesales afecten el orden jurídico internacional e interno”, en alusión al argumento de que se había cumplido el plazo de la prisión preventiva sin sentencia.
Se trató de una respuesta directa al ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, quien apuntó contra el Congreso y le reclamó a los legisladores que dicten “las normas procesales necesarias” para agilizar los juicios a represores.
Una postura similar adoptó desde la oposición la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien señaló que el fallo de la Cámara de Casación Penal fue “legal” porque “aplicó los tratados internacionales”, aunque en términos morales sea “injusto”.
En este marco fuertemente potilizado, los camaristas Wagner Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García dejaron en suspenso la medida con la cual beneficiaron, además de Astiz y Acosta, a los represores Raúl Scheller, Néstor Savio, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Raúl González, Ernesto Weber, Antonio Pernías, Juan Antonio Azic, Víctor Cardo y Alberto González, entre otros.

Juicio.
Antes de que la Casación diera marcha atrás con la medida, el Gobierno nacional anticipó que pedirá que se impulse el juicio político contra los camaristas Yacobucci y García, quienes habían dispuesto la liberación de represores de la ESMA.
A la vez, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, había advertido que recurriría a la Corte Suprema para que se diera marcha atrás con la decisión de esos magistrados.
En conferencia de prensa, el funcionario nacional confirmó que el pedido de juicio político afectará a los magistrados Yacobucci y García, quienes en el marco de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal votaron a favor de la liberación de represores de la ESMA.
La solicitud también involucra a magistrados del Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal.
Por otra parte, Duhalde precisó que interpondría “ante la Corte Suprema un recurso extraordinario para que se aboque en forma directa a evitar un escándalo jurídico”.
El funcionario sostuvo que “varios de esos individuos han sido condenados en ausencia por tribunales” extranjeros y que “todos ellos tienen pedidos de extradición en la justicia española”.
El secretario sostuvo que el Poder Ejecutivo es “totalmente respetuoso de la independencia del Poder Judicial”, pero cuestionó con dureza a los magistrados que, según dijo, “creen que pueden vivir en una burbuja”.
“Estos son 17 individuos imputados de ser autores fundamentales de los homicidios agravados, detenciones y desapariciones del grupo de tareas de la ESMA, una verdadera máquina de masacrar hombres y mujeres y de apropiarse niños”, enfatizó Duhalde.
Asimismo, cuestionó la decisión de habilitar la excarcelación de represores, al señalar que en el marco de la investigación por los delitos de la ESMA “hay prófugos”. (NA)