Tucumán: condenan a ex juez federal

El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó ayer a 16 años de prisión al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, acusado de delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por encubrir el homicidio de cinco militantes montoneros durante la última dictadura cívico militar.
Martínez fue condenado por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad (como autor) y asociación ilícita agravada (coautor), en el marco del genocidio perpetrado por las fuerzas de la dictadura.
El tribunal integrado por Hugo Cataldi (presidente), José Asis y Mario Garzón, resolvió también que el ex magistrado deberá cumplir prisión domiciliaria hasta que se realice un examen médico, que será renovado cada 3 meses, con el objetivo de determinar si está en condiciones de salud para ser trasladado a la Unidad de Servicio Penitenciario Federal.

Responsable.
El Tribunal resolvió que Martínez tuvo responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento en los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, quienes fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una casa situada en Azcuénaga 1816/1820 de San Miguel de Tucumán.
También condenó a Martínez como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad, por abuso de las funciones, agravado por grave daño en la persona y a la salud y por superar la misma un plazo mayor a un mes, abuso de autoridad y prevaricato, en el caso que tuvo como víctima a Miguel Atilio Romano, propietario de la vivienda donde se había llevado a cabo la matanza.
Romano se presentó espontáneamente seis días después de los asesinatos en el juzgado entonces a cargo de Martínez, quedó detenido y fue confinado en centros clandestinos de detención.

Décimo primer juicio.
Este fue el décimo primer juicio que se realiza en la provincia de Tucumán por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar y el primero en el que un juez está sentado en el banquillo de los acusados.
Alejandra Romero Niklison, querellante, expresó que "recibimos esta sentencia como mucha alegría, si bien habíamos solicitado una pena de 25 años estamos conforme con la resolución".
"Nosotros queremos que se cumplan con los derechos de todas las partes, así que si el tribunal considera que Martínez tiene que continuar en su casa lo entendemos y lo aprobamos, pero nos parece muy importante que haya un seguimiento con controles médicos permanentes y que la querella pueda intervenir con un perito. Que las cosas se vayan desarrollando de acuerdo a la ley", aclaró.
Agregó que "hay muchas víctimas y familiares que aún no tuvieron su juicio pero que se sintieron parte de este proceso porque ver al imputado sentado en la sala y que estábamos intentado hacer justicia fue muy importante para todos". (Télam)