Sabado 16 de marzo 2024

"Un ataque a la institución"

Redacción 13/07/2017 - 01.40.hs

La Procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó ayer que el fiscal federal Eduardo Taiano "ha sufrido grandes presiones", al volver a negar las supuestas irregularidades en la compra de un edificio que derivaron en el pedido de indagatoria en su contra.
"El fiscal Taiano ha tenido fuertes presiones. Ya hemos escuchado a jueces federales hablando de las presiones que ha ejercido el gobierno sobre ellos", indicó Gils Carbó.
Al referirse a la adquisición del edificio que se investiga, la jefa de los fiscales explicó: "No fue una compra venta a través de una inmobiliaria. La inmobiliaria era del vendedor y el Estado, el ministerio público, no pago comisiones porque ese era uno de los requisitos".
"La procuradora tenía la facultad reglamentaria de hacer una compra directa, sin embargo se realizaron tres licitaciones y en la última se presentaron cinco oferentes. El inmueble de (la empresa) Arfinsa ganó porque ofertó el mejor precio", remarcó. El fiscal federal Taiano pidió el lunes la indagatoria de la Procuradora, acusándola de presunto fraude a la administración pública, entre otros delitos.
"Fue un trámite de la más absoluta transparencia. No hay ninguna posibilidad de manipulación", afirmó Gils Carbó en declaraciones a radio FM Blue, al ser consultada sobre la compra del inmueble.
La titular del Ministerio Público relató que en el proceso de compra del edificio en cuestión intervinieron 25 funcionarios de distintas áreas del organismo que nadie pudo detectar ningún tipo de irregularidades.
"Nadie pudo detectar estas facturas, que tomamos conocimiento en los medios, por la cual aparece este señor (Carlos) Thill cobrando tres millones de pesos", manifestó.
En tal sentido, sostuvo que lo que se debería investigar es si alguien le ofreció a los vendedores o a la inmobiliaria "una influencia que no tenía".
Gils Carbó consideró evidente que el Gobierno busca permanentemente una herramienta para precipitar su desplazamiento, lo que analizó como "un ataque a la institución".
"Lo que quiere el presidente (Mauricio Macri), es poner en la procuración a una persona de su confianza lo que significa desconocer la relación de poderes", agregó.

 

Procuradores.
En tanto, el secretario general del gremio de Judiciales, Julio Piumato, rechazó la posibilidad de que se remueva a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por decreto y pidió que por ley se limite el mandato del jefe de los fiscales.
"La única forma de terminar con la arbitrariedad en la Procuración General de la Nación es limitando los mandatos de quienes se encuentren al frente de dicha institución", explicó Piumato.
A través de un comunicado, el dirigente sindical evaluó que "la amenaza de echar a la Procuradora mediante un decreto daña seriamente la institucionalidad y hiere gravemente a nuestro sistema político: único ámbito capaz de solucionar estas encrucijadas de distribución de poder".
"Son los diputados y senadores quienes constitucionalmente deben definir si existen motivos para un enjuiciamiento o si existe la posibilidad de modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal", advirtió.

 

Macri.
Por su parte, el presidente Mauricio Macri volvió a pedir ayer la salida de Gils Carbó, por considerar que "no es imparcial" y posee "manifiesta militancia kirchnerista".
"Ella no es una procuradora imparcial como corresponde, es una militante política que ha obstruido la investigación de casos de corrupción" del gobierno anterior, advirtió Macri.
Durante una conferencia de prensa en la capital cordobesa, el jefe de Estado acusó a Gils Carbó de promover "decenas de causas" contra su gestión, "la mayoría sin fundamento". (NA)

 

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