“Una reforma migratoria fuera de la ley”

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) afirmó ayer que el gobierno nacional promoverá “una reforma migratoria fuera de la ley” que pondrá “en jaque” a los migrantes, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que “modificará las leyes de migraciones 25.871 y de nacionalidad 346”.
“El proyecto de DNU al que accedimos cambia el paradigma de la ley actual: amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión”, aseveró el Cels en un comunicado.
En el comunicado, titulado “Migrantes en jaque: una reforma migratoria fuera de la ley”, el organismo agrega que la “propuesta también busca cambiar el acceso a la nacionalidad argentina: en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es ‘legal'”.
“De esta manera reinstaura el criterio que había establecido la última dictadura cívico-militar y que fue modificado por el gobierno de Raúl Alfonsín”, señaló.

Regresión.
El texto del supuesto proyecto de DNU “es una regresión para los derechos de las personas migrantes”, sostuvo el Cels y añadió que “su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley”.
“La personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad: trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal”, opinó.
Como ejemplo, señaló que “una persona migrante que subsiste de la venta callejera puede ser denunciada penalmente, por ejemplo, por la actividad económica que desarrolla o por resistir a un desalojo en la vía pública”.
“Los jueces y fiscales tendrán la obligación de notificarle a la Dirección Nacional de Migraciones de la existencia de causas penales en las que se identifique como responsable a un migrante, lo que desatará el inicio del trámite de expulsión”, agregó.