A 60 años del corte del río Atuel

Este año es soporte de un aniversario si no grato, al menos importante para los pampeanos: seis décadas de la interrupción del curso natural de las aguas del río Atuel por parte de la provincia de Mendoza. Fue en 1948 que el dique El Nihuil comenzó a funcionar como obstáculo para el libre escurrimiento de las aguas del Arroyo de la Barda, último brazo del Atuel que traía agua a La Pampa.
Sorprende que, transcurrido ya casi medio año, esta fecha digna de ser conmemorada en su significación no lo haya sido por institución alguna. Sesenta años son, prácticamente, el transcurrir de dos generaciones humanas y poco menos que la media de la vida de una persona. Tamaño lapso ofrece varias lecturas.
En principio sirve para advertir hasta el asombro la singularidad negativa de un país donde un pleito de ese tipo puede estirarse hasta estos límites. Nadie en su sano juicio negará que la cuestión del Atuel es de orden nacional; sin embargo los sucesivos gobiernos -civiles y militares- han ignorado o hecho a un lado la cuestión, ya sea por conveniencias políticas, ya por liso y llano desconocimiento de uno de los grandes problemas del interior del país. Esa indiferencia ante el problema está desde el origen del mismo ya que, al producirse el corte del Atuel, La Pampa era un Territorio Nacional sometido a la administración y tutela de la Nación, quién debió salvaguardar sus bienes, los recursos naturales entre ellos.

Oídos sordos.
Tras estos sesenta años de reclamos, una mínima objetividad obliga a reconocer que “los hermanos mendocinos” nunca han tenido voluntad ni intención de reparar su atropello. La mala disposición al respecto de la provincia de Mendoza, se ha evidenciado en todos los casos, niveles y ámbitos, llámense estos Comisión del Atuel Inferior (CIAI), Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) o los organismos de Recursos Hídricos de la Nación, por no citar sino algunos. Antes empecinados en una negativa a la interprovincialidad del río y más tarde aferrados a un fallo injusto y sospechado de presiones políticas, la actitud de los gobernantes de la provincia arribeña siempre ha sido la de huir hacia delante, postergando cualquier compromiso efectivo que llevara a entregar a La Pampa el agua que le corresponde, aun en condiciones abiertamente favorables para ellos consentidas por La Pampa.
Cabe preguntarse cuál es la esperanza de los poderes fácticos que mantienen esta situación ¿qué los pampeanos se cansen y abandonen sus reclamos? ¿qué los hechos consumados terminen haciendo imposible cualquier reivindicación? ¿qué el mayor peso político de la provincia cuyana impida cualquier medida que afecte sus intereses, más allá de las razones? Cualquiera de las tres posibilidades es una apuesta fuerte a la mansedumbre de los pampeanos y un agravio a su idealismo y tenacidad.

Antecedentes.
Cierto que en tema tan prolongado también nuestra provincia ha pasado a tener su parte de culpa, causada por los altibajos en el interés que los sucesivos gobiernos provinciales tuvieron en el tema, algunos de los cuales, sea por conveniencia política o por mal manejo técnico, cayeron ingenuamente en el juego mendocino y su dialéctica de intercambios y “compensaciones”. De hecho esos fueron años perdidos en la lucha por nuestra reivindicación.
Este lamentable aniversario en realidad lo que conmemora es la culminación del avasallamiento a los legítimos derechos pampeanos sobre el río. Como se sabe la sustracción había comenzado mucho antes, en 1917, con la desaparición del brazo principal del río, cuyo desecamiento acabó con la “Isla del Chalileo”, famosa por su feracidad a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Esa política de apropiación de caudales se continuó en la década de 1930, cuando desaparecieron el brazo Butaló y la colonia agroganadera homónima, creada por el gobierno nacional a comienzos del siglo XX y nunca atendida en sus necesidades.
La construcción del dique El Nihul y su puesta en funcionamiento en 1948 fue la consumación de la política de apropiación iniciada mucho antes y proseguida con hechos consumados. Y tanto que, cuando el reclamo doloroso de un humilde agente de policía epilogó en una orden de índole nacional de modestas sueltas anuales para que los pobladores pudieran atender sus necesidades personales y pecuarias, un organismo cuyano de segunda o tercera categoría en el orden provincial la desconoció. La Nación, inconcebiblemente, acató esa conducta.

Desastre ambiental.
Aunque se ha dicho muchas veces conviene repetirlo: el río Atuel, fluyendo originalmente, bajo la forma de brazos, lagunas y bañados irrigaba más de medio millón de hectáreas encabalgadas en el sur mendocino y norte pampeano, ante de volcar sus aguas en el Salado-Chadileuvú, al que beneficiaba con sus aguas dulces. Los ecologistas coinciden que, bajos esas formas hidrográficas, era mucho más que un río, dado que la extensión de los bañados creaba un ambiente ecológico muy particular, cruzando diagonalmente de noroeste a sureste el desierto mendocino-pampeano.
El desastre humano y ecológico que ocasionó la desaparición de esos humedales -que se contaban entre los más grandes de la Argentina- contribuyó en mucho a la falta de integración de un país que, como el nuestro, está fuertemente condicionado por los desiertos. Los quiebres biológicos fueron múltiples (todavía no del todo bien estudiados y conocidos) y en el aspecto humano se registraron verdaderas involuciones demográficas y culturales que hasta hoy se sienten nuestra provincia.
Restan todavía seis meses para que la provincia toda, pero especialmente su gobierno, puedan recordar la trascendencia de esta fecha la que, aunque negativa, sirve para reivindicar nuestros derechos. No se trata, desde luego, de un aniversario que admita visos de festejo pero sí de una recordación necesaria a la dignidad pampeana, para que no cese una lucha en la que tenemos razón plena. Eso sí: ignorada y desoída a lo largo de sesenta años.