Abogada “trucha”: la habían condenado y ahora hallaron expedientes en su casa

DESALOJADA

Estaban en una casa de la calle Perú donde Velia Iris Antón Peralta vivió hasta el 10 de agosto, cuando se cumplió una orden de desalojo, tras un largo juicio que le inició la propietaria del inmueble. El juzgado civil que intervino en el trámite judicial ya devolvió los instrumentos públicos a la Justicia.
Velia Iris Antón Peralta, la mujer condenada años atrás por ejercicio ilegal de la abogacía, quedó envuelta en un nuevo escándalo. El 10 de agosto fue desalojada de la casa en que vivía, ubicada en la calle Perú, en el barrio Fitte de esta capital. Cuando los oficiales de Justicia ingresaron al inmueble encontraron algo que los sorprendió: más de veinte expedientes judiciales, algunos de más de un cuerpo, que la inquilina tenía en su poder.
Entre los expedientes hallados se encontraban demandas de la Municipalidad de Santa Rosa contra los sucesores de una persona; un trámite de adopción; una denuncia por filiación; una sucesión; cuatro demandas por daños y perjuicios; juicios laborales, entre ellos uno contra el Estado provincial; y un trámite de posesión veinteañal, entre otros.
Todos esos expedientes fueron devueltos a los juzgados donde se tramitaban originalmente. La jueza civil María del Carmen García, la magistrada que estuvo a cargo del juicio de desalojo contra Antón Peralta, ordenó la restitución.

Estudio jurídico.
En la misma vivienda funcionó durante años el “estudio jurídico” en el que atendía. Lo extraño no es que un estudio jurídico posea expedientes judiciales que se tramitan en la Justicia, lo cual está perfectamente justificado y normado, el problema es que Antón Peralta fue condenada en 2013 por usurpación de título, uso de instrumento público falso y estafa, pues la Justicia descubrió que se decía abogada pero no lo era.
Una de las últimas noticias que se conoció del caso que periodísticamente se denominó como el de “la abogada trucha” estuvo fechada en 2014. Fue cuando se informó que el Tribunal de Impugnación Penal, al que había recurrido al apelar la condena en su contra, había suavizado su situación. Entonces, los jueces Pablo Balaguer y Verónica Fantini dieron por hecho que cometió los delitos de usurpación de título, uso de instrumento público falso y estafa y le aplicaron una condena de tres años de prisión en suspenso. Con este fallo, revocaron la prisión efectiva que le había aplicado en 2013 la Cámara en lo Criminal.
En la sentencia del TIP, el argumento de Fantini para impedir que Antón fuera a la cárcel fue que se trataba de “una imputada que ha alcanzado una significativa edad”. A su vez, la magistrada consideró que los delitos por los que había sido condenada no tenían “una entidad vulnerante de la paz social” que fundamentara razonable y equitativamente el ingreso de la mujer a una cárcel.

Falso título.
Antón nació en Francisco Murature, una vieja estación ferroviaria del partido bonaerense de Adolfo Alsina, tenía su estudio jurídico en la calle Perú 775. El caso salió a la luz cuando fue denunciada ante el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa (Cayplp) por sus tíos Cora Peralta y Gregorio Bobb, a quienes estafó. A raíz de esta situación, el Cayplp realizó la demanda penal.
Durante el juicio en su contra, la mujer sostuvo en su declaración indagatoria que a fines de 2007 obtuvo el título en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano (UB). Incluso, Antón presentó una copia de él y un certificado analítico con las materias cursadas y las notas obtenidas en cada una de ellas. Este último documento aparece firmado por el decano Juan Confalonieri.
Sin embargo, el 24 de junio de 2008 la UB envió al tribunal un informe oficial señalando que Antón “no era graduada de carrera de grado o postgrado”, que “no se le había expedido diploma o título habilitante alguno” y que, por lo tanto, el título presentado “se trataría de un documento apócrifo”.