Acueducto: la pericia judicial confirmó que hubo sobreprecios

Una pericia técnica, que está en la Justicia, comprobó irregularidades en las pruebas hidráulicas realizadas al acueducto del Río Colorado durante su construcción y en las certificaciones pagadas a Victorio Américo Gualtieri, cuyo empresa Vagsa S.A. se adjudicó la obra original en 1998 a cambio de 136.796.302 pesos-dólares. A los dos años, el gobierno le rescindió el contrato por incumplimientos reiterados.
Esta es la primera vez que las sospechas denunciadas por el diputado provincial del FRAP, Mario Cayre, quedan ratificadas en una investigación penal. Sin embargo, la causa no tiene imputados y el único que había sido citado a indagatoria como sospechoso de cometer un delito, el ex secretario de Obras Públicas, Raúl “Tuti” Rodríguez, ya zafó (ver aparte).
El trabajo fue realizado por los ingenieros Rafael Alberto Tribenti y Arturo Baby Valle, quien sustituyó a Julio César Covilla (ver página 10), y las contadoras Ana María Kin y Silvia Victoria Orgales, e incorporado el 22 de octubre de 2012 al expediente abierto el 8 de agosto de 2007 en el Juzgado de Instrucción 7, hoy desaparecido, a partir de una denuncia de Cayre y cinco diputados radicales.
Cayre, hace más de seis años, señaló, entre otras anomalías, que estaba comprobado que no hubo pruebas hidráulicas en al menos 80 kilómetros de la red troncal y que igual el gobierno de Rubén Hugo Marín le pagó a Gualtieri el cien por ciento de esas certificaciones por unos 40 millones de pesos-dólares. Por eso habló de una presunta modificación del pliego original a favor del empresario.
La jueza anterior del caso, Florencia Maza, al ordenar la pericia técnica, solicitó específicamente que se indagara si los pagos a Gualtieri se hicieron conforme al pliego original; si una vez modificado el pliego por intermedio del acta 35 y de la orden de servicio 243, se le abonó al empresario de acuerdo al nuevo esquema; si antes de pagarle se realizaron las pruebas hidráulicas tal cual estaban previsto originariamente; y si hubo inspecciones y se dejaron constancias de ellas. Lo que Maza no pidió fue una cuantificación del eventual perjuicio, teniendo en cuenta que lo que se investiga es un fraude al Estado provincial.

Conclusiones.
Los peritos revisaron un expediente que está en el Superior Tribunal de Justicia y que contiene unas 15.000 fojas. Una de las primeras conclusiones fue que “se modificó la forma de medición, certificación y pagos” previstos en el pliego licitatorio, y que esas modificaciones se hicieron a través de las actas 9 y 35, del 3 de diciembre de 1998 y del 1 de abril de 2000, respectivamente; y de las órdenes de servicio 102, del 4 de marzo de 1999 y 243, del 20 de septiembre de 1999, respectivamente.
También dijeron que a partir del séptimo certificado, de un total de 22 que fueron revisados, “la inspección (a cargo del ingeniero Carlos Oppezzo) no dejó asentado en las actas de medición el control de kilómetros de avance de la obra”.
Es “de importancia destacar”, expresaron los peritos, que en la orden de servicio 774, del 20 de septiembre de 2000, la dirección técnica -también a cargo de Oppezzo- efectuó un informe detallado de los problemas detectados en la cañería troncal. Eso es “relevante”, porque a pesar de ello, “la cañería ha sido certificada con el coeficiente 0,90, o sea como cañería colocada con prueba hidráulica de juntas, colocado el relleno, ejecutada la compactación de la zanja y verificada la deflexión de la cañería, todo de conformidad con la inspección”, cuando en realidad para ese ítem correspondía aplicar un coeficiente menor, lo que hubiera significado que Gualtieri cobrara menos.
Con relación a las pruebas hidráulicas, el peritaje determinó que en la red secundaria “se cambiaron por pruebas neumáticas de fuga y hermeticidad”, y que en la red troncal “se cambiaron pruebas hidráulicas con zanja destapada por pruebas de estanqueidad en juntas”.
Otra irregularidad fue que “las válvulas nunca se instalaron” pese a que por una orden se intimó a Vagsa el 6 de abril de 2000, a que en 20 días proveyera las válvulas para evitar “ausencias de pérdidas y eventuales roturas” ya que llevaba colocados 160 kilómetros de cañerías sin haber efectuado pruebas hidráulicas.
Además el peritaje concluyó que “para realizar las pruebas neumáticas de fuga se propuso la instalación de una brida ciega en reemplazo de la válvula”. ¿Qué terminó pasando? Lo peor. Los expertos señalaron que “no se hallaron constancias de la realización y aprobación de las pruebas neumáticas de fuga ni de las pruebas de estanqueidad de juntas”.
Hay otro dato que no aparece tal en el expediente pero que está realizando una suma simple. ¿Cuál es? Que se pagaron certificados por cañerías del troncal “colocadas en zanja y sin pruebas hidráulicas, ubicadas al costado de la zanja y acopiadas en el obrador” por encima de los 10.000 metros por tramo cuando estaba expresamente prohibido. El excedente fue de 97.457 metros, o sea de 97 kilómetros, una cuarta parte del troncal.

La prescripción del “Tuti”
El ex secretario de Obras Públicas, Raúl “Tuti” Rodríguez, era el único imputado de la causa, pero ya quedó fuera de la investigación porque el juez Daniel Saez Zamora dispuso la prescripción de la acción penal a su favor. El fiscal sustituto Andrés Eduardo Torino había opinado en igual sentido después que el abogado del ex funcionario, Francisco Marull, hiciera la petición.
Rodríguez zafó por dos meses y cinco días. ¿Por qué? Porque el fraude a la administración pública, el delito que se le imputaba, tiene una pena máxima de seis años y, en su caso, pasó más que ese tiempo desde que se formuló la denuncia el 8 de agosto de 2007 hasta que fue citado a indagatoria el 5 de abril de 2013.
El tema es así: el plazo de prescripción comenzó a correr el 10 de diciembre de 2003 cuando dejó de ser secretario. Pero el conteo se interrumpió varios años porque luego asumió en el gobierno de Santiago del Estero y en el Ministerio de Planificación de Nación. Allí renunció el 22 de mayo de 2007.
Si bien desde ese día hasta el 5 de abril de 2013 pasaron menos de seis años, como entre que se fue del Estado pampeano y asumió en tierras santiagueñas estuvo 3 meses y 21 días sin ocupar un cargo público, sumó 6 años, 2 meses y 5 días para poder eludir el llamado de la justicia.

Una larga historia de idas y vueltas
La ruta de la causa del acueducto tuvo su punto de partida el 8 de agosto de 2007, cuando el diputado Mario Cayre, junto a sus pares del FRAP, Ricardo Consiglio, Julio Bergués, Josefina Díaz, Delia Braun y Carlos Faus, presentó la denuncia ante el juez Carlos Omar Jorge. A los seis días, el fiscal Guillermo Sancho dictaminó que el expediente debía tramitarse en el Juzgado de Instrucción 7 porque allí había recaído una denuncia similar de Consiglio, en 2004, que terminó archivada.
Jorge se tomó de esa opinión y al otro día se declaró incompetente. El 24 de ese mes, la fiscal Susana Alvarez coincidió con Sancho y envió la denuncia al Juzgado 7, a cargo de la jueza Verónica Fantini.
El 19 de septiembre Fantini aceptó quedarse con la causa y rápidamente pidió informes a la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado (Cotarc) y al Superior Tribunal de Justicia. El presidente de la Cotarc, en la época investigada, era el entonces secretario de Obras Públicas, Raúl Rodríguez; el coordinador, Raúl Crespillo; y el asesor legal, Enrique Manuel Romero Oneto, quien también cumplió tareas de coordinador y que debería ir a juicio oral y público por cobro de coimas.
En aquel momento el STJ evaluaba la demanda contencioso-administrativa que en 2001 había presentado el constructor original de la traza, Victorio Américo Gualtieri, pidiendo una indemnización de 46.462.912,07 pesos-dólares por la “rescisión unilateral y por incumplimiento” del contrato, según sus propias palabras. Ese expediente tenía 235 cuerpos y contenía los certificados de obra pagados a Gualtieri. Paralelamente la magistrada le requirió un informe a Economía sobre los pagos efectuados al constructor.

El primer freno.
La investigación empezó a frenarse cuando Marcelo Piazza subrogó a Fantini. El se excusó aduciendo amistad con la diputada Díaz. El 9 de noviembre, la Cámara en lo Criminal 2 le rechazó el planteo y lo confirmó al frente de la investigación.
De allí en adelante la causa no tuvo movimientos hasta que siete meses después, el 18 de junio de 2008, la nueva jueza del tribunal, Florencia Maza -Fantini había sido ascendida- le solicitó al STJ que ordenara una pericia técnica para saber “si se efectuaron a Gualtieri los pagos correspondientes a los distintos tramos de la obra, conforme al pliego original”, “si una vez efectuadas las modificaciones al pliego, se le pagó conforme a lo establecido en esas modificaciones”, “si se hicieron las pruebas hidráulicas previstas en el pliego original antes de pagarle a Gualtieri” y “si se hicieron las inspecciones y se dejó constancia” ante la Cotarc y en el STJ. Incluso, en esa resolución, Maza aportó nombres, domicilios, teléfonos y mails de quienes podrían ser contratados en Buenos Aires para efectuar una tarea tan específica.
¿Cuál fue la respuesta del presidente del STJ, Víctor Menéndez? Que le correspondía a Maza ordenar la pericia y designar a los peritos. Por eso la jueza el 27 de noviembre dispuso suspender sin fecha la medida probatoria.

Las trabas del STJ.
Debieron pasar nueve meses para que se sorteara el ingeniero que faltaba en el cuerpo de cuatro peritos. Entre el listado de inscriptos en la Justicia salió la bolilla de Carlos Víctor Ramírez, pero éste se excusó aduciendo que era empleado de la Dirección Provincial de Obras Públicas. El 6 de agosto de 2009 terminó aceptando el cargo un funcionario de la Municipalidad de General Pico, el ingeniero hidráulico Julio César Covilla.
Al mes, el 9 de septiembre, él, el ingeniero civil Rafael Alberto Tribenti y las contadoras Silvia Victoria Orgales y Ana María Kin (se desempeña en el Poder Judicial) terminaron de conformar el cuerpo pericial y pidieron un plazo de ocho meses para entregar las conclusiones. Maza hizo lugar.
Covilla, viendo que debería viajar dos veces por semana desde General Pico, durante ese lapso, pidió un anticipo de gastos por 9.600 pesos. Orgales, a sabiendas que dejaría de lado parcialmente la actividad privada, solicitó un pago de 2.500 pesos mensuales. Ella adujo, además, que la Cotarc y el STJ habían impuesto una traba burocrática: solo le permitían acceder a la documentación los días y horas hábiles.
El 24 de septiembre, el STJ le contestó a Maza que ella debía resolver los pedidos, pero aclaró que no correspondía pagarle ni un centavo a Covilla porque se había inscripto como perito en la I circunscripción judicial (Santa Rosa) y que a Orgales se le abonarían sus honorarios cuando hubiera un fallo.
Maza dispuso que se le pagara a Covilla, pero no a Orgales. La contadora insistió con otra figura: pidió 1.500 meses como adelanto de gastos. La jueza volvió a decirle que no.
La solicitud a favor de Covilla regresó al Superior Tribunal. El 3 de diciembre fue la directora general de Administración, y hoy jueza del tribunal, Elena Victoria Fresco, quien negó el pago.

Una renuncia esperada.
A raíz de esa negativa, y ya entrado otro año, el 24 de febrero de 2010 Tribenti, Ordales y Kin le requirieron a Maza que suspendiera los plazos de la pericia hasta que saberse qué pasaría con Covilla. El 1 de marzo la magistrada aceptó e insistió ante el STJ: pidió que el ingeniero hidráulico sea trasladado desde General Pico en un vehículo del Poder Judicial. Fresco aceptó y los peritos acordaron reunirse los martes y jueves de 17 a 20.
El 14 de septiembre de 2010, los peritos reclamaron los certificados de obra pagados a la empresa Vagsa (Victorio Américo Gualtieri S.A.). Maza volvió a postergar los plazos. Al mes, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Paulo Benvenuto, los remitió.
Sobre fin de año, el 17 de diciembre, los peritos solicitaron una prórroga de seis meses y los traslados de Covilla volvieron a un primer plano.
El quinto juez de la causa, Daniel Saez Zamora -recibió el expediente porque Maza, con la reforma del Código Procesal Civil, pasó a ser jueza de control-, le pidió el 5 de mayo de 2011 al nuevo presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, que reviera la negativa de Fresco a pagarle honorarios a Covilla.
Cansado, el perito -único en La Pampa especializado en hidráulica- renunció el 1 de julio. Adujo que venía sufriendo perjuicios económicos y afirmó que así como la del acueducto “no es una pericia común”, no debería ser común esperar el fallo para percibir un peso. Ello ocurrió a pesar de que Maza les había regulado al cuerpo pericial honorarios en forma parcial.
Ante la falta de expertos, Saez Zamora recurrió al Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura. Recibió un listado de cinco nombres, cuatro de Santa Rosa y uno de 25 de Mayo. Pudo contactar a cuatro, pero por diferentes motivos ninguno aceptó el cargo. Entonces preguntó por ingenieros industriales y mecánicos. Así consiguió que el 16 de septiembre de 2011, a más de cuatro años de presentada la denuncia, el ingeniero mecánico electricista Arturo Baby Valle aceptara reemplazar a Covilla.
Un año después, el 22 de octubre de 2012, Tribenti, Ordales, Kin y Valle le entregaron al juez el informe final donde constataron irregularidades en los pagos a Gualtieri.

Escuchas en 126 casetes
En medio de la pesquisa, y según consta en el expediente, surgió una vieja denuncia de Carlos Oppezzo contra Sergio Capozzi por extorsión. A mediados de 2008, la jueza Maza le pidió al STJ que desgrabara 126 casetes de escuchas telefónicas para saber si de la presunta extorsión podían surgir pruebas para el caso. Finalmente, la solicitud quedó suspendida. Oppezzo fue el director técnico e inspector de la obra del acueducto del Río Colorado y debe ir a juicio por el pago de coimas. Capozzi es abogado.