Aguirre no habla del debate sobre los presos

El defensor general de la provincia, Eduardo Aguirre, prefirió no opinar sobre la polémica suscitada entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por la orden de trasladar los presos que estaban alojados en la Seccional Segunda y clausurar esas celdas hasta que estén en condiciones dignas. Aguirre había apoyado el recurso de "habeas corpus" presentado por tres defensores generales precisamente a raíz del estado de esos calabozos.
"Desde la Defensoría hicimos lo que correspondía. No tengo otras consideraciones para hacer sobre el tema". Estas fue la breve respuesta de Aguirre cuando desde LA ARENA se lo contactó para conocer su opinión en torno a aquel cruce de recriminaciones. "Hicimos esa presentación porque era lo que correspondía", acotó.
La situación que dio lugar al cruce entre el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Leonardo Villalva, y la jueza de control Florencia Maza, fue la decisión de la magistrada de disponer el desalojo de las personas detenidas en la Segunda, su traslado a otros lugares de detención y la orden de poner ese calabozo en condiciones de habitabilidad coherentes con la dignidad humana.
Maza tomó esta decisión a instancias del habeas corpus presentado por tres defensores oficiales con el respaldo del defensor general Aguirre. El propio Aguirre estuvo el martes 12 de agosto en la visita a la Segunda en la que se realizó la inspección ocular y se constató que, tal como habían advertido los defensores, las condiciones del lugar eran "deplorables" y violatorias de los más elementales Derechos Humanos.
Tras la inspección y la subsecuente resolución judicial, el ministro Villalva expresó su malestar con la jueza por no haberlo convocado al procedimiento y por la orden de clausurar las celdas. Villalva habló de una intromisión de un poder en el ámbito del otro y defendió el accionar de la Policía, fuerza que está bajo su responsabilidad directa.
Al día siguiente, la jueza retrucó que no era su obligación comunicar el procedimiento al ministro y que, de última, la Unidad Regional 1 sí estuvo presente en la visita. Maza negó una intromisión o un conflicto y reprochó a las autoridades del Ejecutivo no haber reaccionado antes frente a las condiciones inhumanas del lugar de detención.