Ahora Mendoza quiere hacer un “nuevo acuerdo” por el uso del río

ATUEL

La vicegobernadora mendocina aseguró que “debe retomarse el diálogo” por el conflicto del Atuel, que fue judicializado, y que “se impone” un nuevo acuerdo con La Pampa.
La vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero (UCR), aseguró que “un nuevo acuerdo se impone” con La Pampa en el marco del conflicto interprovincial por las aguas del río Atuel y advirtió que el convenio firmado en el año 2008 por ambas provincias fue “nefasto”.
A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, la funcionaria evidenció cierta apertura del gobierno mendocino, alarmado por la posibilidad de un revés judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que el reclamo de La Pampa está judicializado.
Las declaraciones de Montero generaron cierta sorpresa en La Pampa, teniendo en cuenta su actitud intransigente ante el reclamo. “En el 2013, pedí nulidad del convenio de (Celso) Jaque. Fiscalía dictaminó 2014 y hubo rechazo Legislativo. Un nuevo acuerdo se impone”, dijo.
A mediados del año pasado, la vicegobernadora se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para hacer lobby a favor de Mendoza en la demanda que presentó La Pampa, que no fue notificada del encuentro, ante el máximo tribunal.
Esa reunión fue advertida por el ex jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, quien recordó que una acordada del 2004 obliga a que una audiencia como la que le concedió a Montero se realice con conocimiento y participación de la contraparte, en este caso La Pampa.
Siguiendo en ese sentido, agregó que el convenio firmado en el año 2008 por los gobernadores Jaque (Mendoza) y Oscar Jorge “fue nefasto y con las acciones interpuestas no otorgó derechos a La Pampa. Debe retomarse el diálogo”.

La demanda.
En mayo de 2014, La Pampa demandó ante la Corte a Mendoza para que se declare el incumplimiento a la sentencia del máximo tribunal de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del Atuel, considerado “interprovincial”. El convenio fue ratificado en La Pampa y rechazado en Mendoza.
La Procuración General de la Nación ya dictaminó que el reclamo por el río Atuel no es “cosa juzgada” y abrió la puerta para que la Corte Suprema comience a analizar el planteo pampeano -además del que hizo La Pampa, también hay otro reclamo del abogado Miguel Palazzani presentado en 2010-.
En las últimas horas, la Fiscalía de Estado de Mendoza reconoció que “se viene el juicio” y que el “primer round fue para La Pampa”, aunque advirtió que “se trata de una resolución lógica pero no es para tanto”, en el marco del juicio iniciado por el ex gobernador Oscar Jorge.
Ante esto, las autoridades esperan que la Corte convoque a una audiencia de conciliación, algo que en varias oportunidades se mencionó desde Casa de Gobierno. El gobernador Carlos Verna ya adelantó que la única posibilidad de llegar a un acuerdo es que Mendoza garantice un caudal mínimo fluvioecológico del río Atuel.

Sí contemplaba derechos.
El acuerdo de agosto de 2008 sí otorgaba derechos a La Pampa, importantes derechos. Fue un otorgamiento virtual ya que el convenio nunca entró en vigencia por la negativa que, entre otros actores sociales y políticos, impulsó la actual vicegobernadora mendocina Laura Montero.
El acuerdo de 2008 contempló en su texto la obligación del uso compartido y acordado del río y el derecho de La Pampa a contar con un caudal ambiental y otro productivo. Fueron definiciones claves, sustanciales, que prácticamente ningún gobernador mendocino reconoció -excepto José Octavio Bordón cuando a poco de conocido el fallo de 1987 firmó el acuerdo para crear la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), el órgano de cuenca que Mendoza se encargó de torpedear hasta hacerlo naufragar.
Hubo que esperar a que Celso Jaque, de extracción justicialista, llegara a la gobernación para que un político cuyano firmara un papel que dijera que el Atuel es pampeano y que nuestra provincia tiene pleno derecho a participar de su gestión.
El acuerdo de 2008 también preveía otro importantísimo derecho pampeano: el famoso “inciso k” del artículo 10 establecía la obligación de Mendoza de erogar de inmediato un caudal que ingresara a La Pampa con al menos 5 metros cúbicos por segundo. En su introducción conceptual, definía un marco de acción conjunta y establecía la importancia de acordar acciones para el desarrollo del sur mendocino y el noroeste pampeano.
Por eso, llama la atención que la vicegobernadora diga que el acuerdo no contemplaba derechos para La Pampa y que fue “nefasto” para nuestra provincia. ¿Cómo puede ser nefasto algo que nunca llegó a ponerse en práctica?

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