Alcala y Sterin se declararon inocentes

JUICIO POR LOS RECORRIDOS INFLADOS EN LOS COLECTIVOS MUNICIPALES

El ex intendente de Santa Rosa, Néstor Alcala, se declaró inocente de la acusación en su contra de haber defraudado al Estado nacional al permitir que la empresa de colectivos El Indio recibiera un subsidio al gasoil por un monto mayor al efectivamente recorrido por las unidades. El caso se conoce como “recorridos inflados” y alcanza al entonces secretario de Obras Públicas, Jaime Sterin, que también se declaró inocente. Ambos argumentaron que desconocían el alcance de las planillas que firmaban e imputaron a los denunciantes una intencionalidad política de buscar su destitución.
Comenzó a desarrollarse ayer en el Tribunal Oral Federal el juicio contra los responsables de la municipalidad de Santa Rosa en el lapso 2003-2007 en un caso que la prensa denominó “Recorridos inflados” por tratarse de una maniobra que, supuestamente, se basaba en informar al Estado nacional una cantidad de kilómetros mucho mayor a la efectivamente cumplida por los colectivos urbanos. Los acusados son Néstor Alcala (PJ), intendente de la ciudad en ese momento, y el secretario de Obras Públicas de ese momento, Jaime Sterin, quien desempeñó la mayor parte de la gestión aunque no llegó a terminarla.
La investigación del caso comenzó hacia 2006 cuando los entonces concejales Claudia Giorgis y Alfredo Carrascal advirtieron públicamente que habían detectado una diferencia notoria entre los kilómetros recorridos que la Municipalidad informaba al Estado nacional, y los que realmente hacían los colectivos de la empresa El Indio. Para fundar su acusación los ediles se subieron a los colectivos durante varios días y midieron la distancia que hacía cada uno de ellos en su línea. Después extrapolaron los valores a todo el mes y de allí coligieron la irregularidad.
La causa comenzó en el fuero penal de Santa Rosa cuando todavía estaba al frente el ya fallecido Alfredo Zabala. En una primera instancia el magistrado desvinculó a los funcionarios de la acusación en función de un peritaje de la Corte Suprema, pero el caso fue apelado, llegó a una instancia superior, y la causa volvió a tomar forma. Junto con Alcala y Sterin, un tercer acusado era Arturo Ripa, quien se desempeñó en esos años como director de Obras Públicas y falleció hace unos años.
El entonces titular de la firma El Indio, Diego Osorio, falleció al año siguiente de comenzar la causa.
El Tribunal Oral Federal está conformado por los jueces José Mario Tripputi, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava. La parte acusadora se encuentra en manos del fiscal subrogante Alejandro Cantaro.

No sabían qué firmaban.
Las estrategias defensivas de Alcala y Sterin son coincidentes: argumentar que firmaban cientos de expedientes por día y que no podían tener un detalle de cada uno de ellos. También, que sus funciones eran políticas y no técnicas. Alcala incluso argumentó que desconocía cómo se median los recorridos para solicitar el subsidio nacional y que su firmaba revestía el carácter de una declaración jurada.
“Me declaro inocente, no tuve nada que ver con el tema”, sostuvo el ex intendente al sentarse frente a los jueces federales. “Yo firmaba más de 200 expedientes por día; firmaba esas planillas como tantas otras que firmé, cientos por día”, remarcó. “No sabía cómo era el sistema ni cómo se pagaban los subsidios por el gasoil. La plata ni siquiera entraba a la Municipalidad”, argumentó el ex mandatario, que aseguró desconocer quién elaboraba esas planillas ni cómo se medían los kilómetros recorridos.
En su intento de defensa, Alcala sostuvo que ignoraba que su firma revestía el carácter de una “declaración jurada” cada vez que la estampaba en un expediente. Dijo que se enteró de ese carácter cuando el juicio se puso en marcha.
Más adelante sostuvo que jamás pidió ni ordenó ampliar los recorridos y que se enteró de todo ello cuando los concejales dieron a publicidad la situación. “Esto es una denuncia política que buscaba destituirme”, disparó. Según su lectura, la intención de los ediles era forzar una intervención de la comuna de Santa Rosa para removerlo y poner nuevas autoridades.
El fiscal Cantaro le respondió que hay “buenos elementos” para sostener el caso y que si recién ahora se llega a juicio -Alcala se había quejado de que el caso lleva más de 10 años a las vueltas- es por la batería de medidas y recursos que él mismo presentó.

El gasoil no alcanzaba.
El entonces secretario de Obras Públicas, Jaime Sterin, también planteó que la acusación de los concejales tiene un fuerte sesgo político aunque en su caso brindó números sobre la prestación. Dijo que el gasoil con que contaba la empresa le alcanzaba para cubrir el servicio hasta el día 21 ó 22 de cada mes, y que por ello era necesario el aporte de Nación.
Al igual que el ex intendente descargó responsabilidades en su persona, Sterin “pasó la pelota” hacia abajo y sostuvo que la responsabilidad de medir recorridos y convertirlos en litros de gasoil era de la Dirección de Servicios Públicos, un organismo que durante su gestión estuvo en manos del fallecido Arturo Ripa.
“Ellos ponían los datos y el director entraba en mi oficina para ponerme en conocimiento. Yo firmaba y el trámite seguía”, se defendió.
Sterin sostuvo que su parte del trabajo no era de tipo administrativo ni de contralor y su función al frente de la Secretaría era de índole política.
El juicio continuará hoy por la mañana con la primera ronda de testigos. Para hoy están citados Giorgis y Carrascal, que fuero los denunciantes ante la Justicia de esta irregularidad.

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