Alegato de las ONGs de discapacidad ante el CD

Los dirigentes que denunciaron al municipio ante la Justicia por no obligar a Autobuses Santa Fe a la poner micros de piso bajo, advirtieron que la sentencia del juez Soto no se está cumpliendo. Acudirán a organismos internacionales.
Los representantes de ONGs locales vinculadas con la problemática de la discapacidad solicitaron ayer al Concejo Deliberante local que interceda ante el intendente Luis Larrañaga para que cumpla con el fallo judicial que declaró discriminatorio el servicio diferencial de transporte para personas con discapacidad motriz. "Se están violando los derechos de las personas", aseguró Horacio Alí de la Fundación Acción.
Los dirigentes se manifestaron ante el cuerpo deliberativo a través de "la banca del vecino". Mario Lonegro, de la Fundación Madre Teresa; José Castro, de Caleuche; Griselda Vicens, de Lipadi; Vicente Rosignolo, de la Liga Pampeana de Ayuda al Espina Bífida (Lipebi); y Alí fueron quienes hicieron uso de la palabra.
El primero hizo un repaso por el marco legal que ampara los derechos de las personas con discapacidad, desde los tratados internacionales hasta las leyes nacionales y provinciales referidas a la materia. También leyó un fragmento del fallo del juez civil Claudio Soto que falló a favor de las ONGs que habían denunciado al municipio local de establecer un sistema de transporte segregatorio.
Vicens leyó una carta de una joven usuaria del polémico servicio, Nerina Hadad, quien contó que sufre una discapacidad motriz como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en el año 2008. La autora de la misiva relata en ella que el servicio solo se puede utilizar por razones médicas y ni siquiera así alcanza. Denunció que muchas veces la respuesta a la solicitud de la combi es que la misma está rota o que está ocupada. Incluso reveló que el 0-800 gratuito para solicitarla todavía está roto y debe pedirse la prestación a un teléfono fijo, con cargo para el que llama.
"Los discapacitados son seres humanos. Necesitamos un servicio de transporte inclusivo", dijo Rosignolo.
Alí manifestó ante los ediles que las ONGs ya están estudiando la realización de una presentación ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), ya que si bien existe una sentencia favorable al reclamo que plantearon, todavía no lograron que la misma se cumpla.
"Pedimos que se dejen de violar los derechos de las personas", dijo a los concejales. Además aclaró que las ONGs estaban haciendo política, porque consideran que hacer política es la manera de hacer que las leyes se cumplan en la práctica. En ese sentido, afirmó que eligieron hablar en el recinto del CD porque era el lugar adecuado para la discusión de las políticas públicas.
La sesión de anoche, la primera tras el receso invernal, también tuvo como hechos destacados los ingresos de dos proyectos del Frepam relacionados con el servicio público urbano de transporte de pasajeros. Por un lado, la iniciativa que propone un subsidio mayor al boleto estudiantil para hacerlo de uso gratuito; y la otra para solicitar al Ejecutivo que impida los abusos de la empresa Autobuses Santa Fe en torno a la tarjeta magnética.
Respecto a este último, el edil Félix Villatoro denunció que la concesionaria está cobrando 15 pesos cada tarjeta, cuando se supone que se aplicó para solucionar un problema de seguridad de la prestataria. Entre otros aspectos que consideró negativos, advirtió que los lugares donde se realiza la recarga de los plásticos están cobrando un peso adicional por cada recarga.
Los dos proyectos del bloque opositor serán girados a comisión donde comenzarán a discutirse la próxima semana.