Atuel: a Nación empezó a correrle el plazo de 60 días

El demandante Palazzani informó del fallo de la Corte a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ahora los juzgados federales de Santa Rosa y Mendoza deben hacerlo con los gobernadores de ambas provincias.
Al gobierno nacional comenzó a correrle el plazo de 60 días hábiles que le dio la Corte Suprema de Justicia para que explique qué hizo, o dejó de hacer, para que -como firmante del texto- se cumpla con el convenio que La Pampa y Mendoza firmaron el 7 de agosto de 2008 y por el cual, el primero de los estados se aseguraba a partir de ese momento “un mínimo de escorrentía permanente sobre el río Atuel en el límite interprovincial, hasta la concreción y puesta en marcha de las obras previstas en las cláusulas cuarta y sexta”, referidas a la impermeabilización de los canales marginales.
La información fue confirmada ayer por Miguel Palazzani, el abogado que, en su condición de “afectado” y “vecino” pampeano, presentó en 2010 la demanda por daño ambiental para que Mendoza cese “en las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvioecológico del río Atuel Inferior” y adopte, “en un plazo razonable”, las medidas pertinentes que “garanticen el uso equitativo de sus aguas respecto de los habitantes de La Pampa”.El 4 de este mes la Corte, con los votos de los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, se declaró competente para intervenir en la causa y dispuso que se la continúe por la vía ordinaria. Además ordenó notificar de la resolución a Nación, Mendoza y La Pampa -las partes que rubricaron el acta-acuerdo hace más de cinco años- y les otorgó un plazo de 60 días hábiles para que especifiquen las pasos que dieron para poner en vigencia el acuerdo, atento a que hubo un incumplimiento manifiesto ya que el agua no llegó en forma sistemática a La Pampa.
El propio Palazzani -y es patrocinado por el abogado constitucionalista pampeano, Andrés Gil Domínguez- se encargó de informar del fallo a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, por lo que el gobierno central tendrá plazo hasta la tercera semana de abril para responder la requisitoria.
Además el demandante inició el trámite de notificación a los gobiernos de La Pampa y Mendoza. “Hoy (por ayer) presenté los escritos en los juzgadores federales de Mendoza y de Santa Rosa, así que supongo que los jueces, en las próximas horas, se lo comunicarán a los gobernadores y a los fiscales de Estado”, detalló Palazzani.
La Corte especificó correrle traslado de la demanda al gobernador mendocino, Franciso Pérez; al fiscal de Estado de ese distrito, Javier Fernández; al gobernador pampeano, Oscar Mario Jorge; y al fiscal de Estado de La Pampa, José Alejandro Vanini.

Pedidos a las partes.
El máximo tribunal del país le requirió a Mendoza que, en los dos meses de plazo, diga: a) si el convenio fue ratificado por la Legislatura provincial o, en su defecto, cuáles fueron las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo local para lograr ese propósito; y b) si elaboró los proyectos ejecutivos para las obras de “impermeabilización de las redes principales de riego del río Atuel en San Rafael, General Alvear y Carmensa”, y de “recrecimiento definitivo del canal marginal del río Atuel tramo IV”, para poder transportar el mayor caudal destinado a La Pampa, en ambos casos con el correspondiente informe ambiental.
También le exigió a la provincia cuyana que diga si culminó la ejecución del “canal marginal del río Atuel tramos II, III y IV”, contemplando en los dos primeros tramos un caudal de diseño tal que permita la conducción de las aguas destinadas a La Pampa; y si elaboró, junto con La Pampa, el proyecto ejecutivo de las obras de conducción entre el partidor de Carmensa (última toma de riego de las áreas regadas de Mendoza) y el área de La Puntilla, con el correspondiente informe ambiental, y el diseño de las redes freatimétrica y de medición de caudales a instalar en el sistema. A su vez a La Pampa le pidió que informe si el Poder Ejecutivo provincial cuenta con autorización legislativa para poder efectuar inversiones en territorio mendocino; y a la Nación que diga si se ha otorgado asistencia financiera a Mendoza y La Pampa para la ejecución de las obras previstas en el convenio, y si se ha constituido la “Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel” y, en tal caso, si se han cumplido las acciones contempladas en la cláusula décima de ese instrumento.

Agrupación Mapuche.
La Agrupación Mapuche, que ha venido defendiendo los derechos pampeanos sobre el Atuel, tiene la intención de presentarse como amicus curiae (amigo del tribunal) en la demanda ambiental iniciada por el abogado Palazzani contra Mendoza. “Es un derecho que tenemos. Creemos fundamental utilizar esta herramienta ya que es necesario dar una postura de nuestros pensamientos”, señaló la entidad en su perfil de Facebook. El amicus curiae refiere a terceros ajenos a las partes en conflicto, que ofrecen voluntariamente dar su opinión para colaborar con el tribunal en la resolución del caso.