Baraldini pidió la nulidad del nuevo juicio por la Subzona 14

El abogado Pedro Mercado, defensor del ex jefe de la Policía Provincial Luis Enrique Baraldini, pidió ayer la nulidad del segundo juicio de la causa Subzona 14 y el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Rosa rechazaría hoy el planteo realizado, dando paso en un principio a la declaración de los imputados.
El debate donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura continuará hoy desde las 8.30 en el Colegio de Abogados de Santa Rosa. El tribunal que interviene es presidido por Marcos Aguerrido, acompañado por José Mario Triputti y Pablo Díaz Lacava.
Ayer, en la audiencia no estuvo el ex subcomisario Roberto Oscar Fiorucci por problemas de salud. Por otro lado, durante esta mañana podría declarar Baraldini y también lo harían otros imputados como los ex policías Athos Reta y Antonio Oscar Yorio y el ex oficial Jorge Osvaldo Quinteros.
En la cuarta jornada del juicio, el tribunal terminó con la lectura de la acusación de la querella, dando por formalizadas las acusaciones contra dos ex militares y 13 ex policías y luego se declaró abierto el debate. Allí, se procedieron a plantear cuestiones preliminares.
En principio, el fiscal general Alejandro Cantaro insistió en adelantar la declaración de Guillermo Quartucci, una de las víctimas de la última dictadura que debe volver a México donde reside. Esto será resuelto hoy, aunque Quartucci podría testimoniar en otro momento, considerando que el juicio durará varios meses.
Luego, el abogado Mercado hizo dos planteos de nulidad. Uno argumentando que Baraldini fue detenido ilegalmente en “en un procedimiento irregular que se realizó para ponerlo a disposición de la Justicia argentina”, en diciembre del año 2011, cuando fue detenido en Bolivia, donde estaba prófugo.
“La Justicia argentina convalidó un procedimiento irregular”, dijo Mercado, advirtiendo que no se cumplieron las normas que establecen la extradición de Bolivia y la eventual expulsión. “No hubo derecho de defensa para Baraldini, en menos de 24 horas se lo sacó del país, sin tener defensa legal ni poder informar a su familia en Santa Cruz de la Sierra”.
El letrado también manifestó que Baraldini estuvo a disposición de las autoridades argentinas en forma permanente y que “en ningún momento se encontró prófugo, oculto ni se identificaba con otro nombre” y agregó que esa consideración “agrava” su situación, ya que es utilizada para negarle la prisión domiciliaria. Se “lo estigmatiza”, dijo.

Nunca se presentó.
En ese momento, el juez Triputti cruzó directamente a Mercado. Le preguntó en qué fecha Baraldini estuvo a derecho con un abogado defensor en los tribunales argentinos. “El 25 de diciembre a las 5 de la mañana fue entregado a las PSA en Salta. Nunca fue notificado de un requerimiento de la Justicia”, respondió Mercado.
En rigor, el jefe de la policía pampeana desde diciembre de 1975 hasta noviembre de 1979 estuvo prófugo en Bolivia durante ocho años, hasta que fue detenido el 24 de diciembre de 2011, por lo que eludió ser juzgado en el primer juicio de la Subzona 14 donde fueron condenados ocho represores..
Por otro lado, la defensa de Baraldini, un símbolo de la represión en La Pampa, también pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y la querella, planteando que se dejen de lado los delitos de lesa humanidad cometidos entre enero de 1975 y el 24 de marzo de 1976 cuando ocurrió el golpe de Estado.
Fundamentó que en ese período “las actuaciones dependían de órdenes de autoridades de un gobierno constitucional, nacional y provincial, con autoridades legalmente constituidas” y resaltó que “existían jueces que se desempeñaban según las normas constitucionales”.
Según Mercado, “jamás existió una banda ni una patota militar o paramilitar” y “de hecho, no hubo desapariciones ni homicidios ni hubo cárceles clandestinas. No puede ser objeto de un requerimiento de esta naturaleza. En todo caso, las autoridades que promovieron esos decretos no fueron sometidas a juicio”. Así, la defensa de Baraldini intentó dejar afuera de este juicio más de 50 casos, ocurridos antes del golpe.
Sobre estos planteos, el fiscal general federal Alejandro Cantaro rechazó la solicitud y señaló que “son cuestiones que no están vinculadas con un tema del debido proceso” y las garantías constitucionales. Aseguró que Baraldini nunca se puso a derecho porque “estar a derecho es presentarse ante un tribunal y no lo hizo”.
“La persona que tiene una captura es detenido donde esté y trasladada ante un juez, las formas son reglas de procedimiento, de actuación, no tienen que ver con el derecho de defensa. Desde que la persona es sometida a proceso, le fue garantizado ese derecho”.
También manifestó que la nulidad ya fue rechazada en instancias anteriores y reiteró que Baraldini “no manifestó ninguna voluntad de estar a derecho ante una autoridad judicial”. El argumento de la defensa es que el ex policía se presentó en la Embajada Argentina de Bolivia en 2003.
Por otro lado, Cantaro se refirió al segundo planteo de nulidad de Mercado, afirmando que no se afectó el derecho de defensa y que se intenta decir que “algunos de los actos atroces” como se dieron antes del golpe militar “no podría haber persecución penal”.
A su turno, el querellante Franco Catalani explicó que “estas cuestiones fueron resueltas en dos oportunidades, en el primer procesamiento mientras Baraldini estaba prófugo” y consideró que el pedido es extemporáneo.
“Mercado vuelve a plantear la vieja doctrina de la obediencia debida. Si fuera así, no habría ningún delito que se pueda cometer desde el Estado. La sola institución de los poderes haría legales todos los actos emanados en consecuencia pero no es así. Se pueden cometer delitos en ese marco, y eso es lo que pasó”, añadió Catalani sobre el segundo planteo de nulidad. Enseguida, el querellante Juan Resia dijo que los planteos son “abstractos” y deben rechazarse.

Los acusados.
Los imputados en esta segunda etapa del juicio son, además de Baraldini que tiene 214 acusaciones por delitos de lesa humanidad, el ex coronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi, por 91 víctimas; el ex subcomisario Fiorucci, por 216 casos; el ex policía Reta, por 34; el ex oficial Néstor Bonifacio Cenizo, por 33; el ex policía Yorio, por 31; el ex oficial Carlos Roberto Reinhart, por 35; el ex oficial Hugo Roberto Marenchino, por 7 casos; el ex oficial Oscar Alberto “Miseria” López, por 23; el ex agente Orlando Osmar Pérez, por 31; el ex comisario Juan Domingo Gatica, por 26; el ex policía Miguel Angel Ochoa, por 4; el ex oficial Quinteros, por 4; el ex comisario Luis Horacio Lucero, por 1; y el médico Máximo Alfredo Pérez Oneto por 22 víctimas.

“Hay razones para pensar que puede profugarse”
El fiscal general federal Alejandro Cantaro rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa del ex jefe de la Policía pampeana durante la última dictadura, Luis Enrique Baraldini, y aseguró que “hay buenas razones para que se sospeche que puede fugarse”.
“La defensa dice que haberlo traído al país como prófugo generó a Baraldini un estigma que usan los jueces para rechazarle el arresto domiciliario, pero cuando fue detenido por la policía en Bolivia en 2011 dio otro nombre, entonces hay buenas razones para que se sospeche que puede fugarse”, manifestó.
Cantaro, quien representa a la fiscalía federal en el juicio de la Subzona 14 II, cuestionó el planteo de nulidad realizado por Pedro Mercado, el abogado defensor de Baraldini, quien argumentó sobre supuestas irregularidades en la detención del ex militar en Bolivia.
“La defensa de Baraldini dice que la detención fue ilegítima, porque no se cumplió con las normas diplomáticas y legales de Bolivia, pero esto no se puede plantear antes de iniciar el debate, es una cuestión de cómo se detiene a una persona que no tiene nada que ver con la garantía del debido proceso”, agregó.
“Baraldini tenía captura y cuando le detuvieron, lo trajeron a Argentina que es donde debe hacerse el juicio”, afirmó el fiscal Cantaro tras la cuarta jornada de debate en el Colegio de Abogados de Santa Rosa.
Sobre si pueden ser juzgados los casos de víctimas entre enero de 1975 y el 24 de marzo de 1976, algo que negó la defensa de Baraldini, Cantaro indicó: “Tampoco es una cuestión preliminar, es un punto de defensa, pero nadie dijo que estos hechos aberrantes no fueron cometidos, sino que si lo hubieran sido no pueden ser juzgados acá”.