Berhongaray responde al ministro Varela

El contrapunto entre el ministro de Obras Públicas de la provincia, Jorge Varela, y el diputado provincial Martín Berhongaray (Frepam) tiene un nuevo episodio. La saga comenzó cuando el legislador cuestionó que no se cumpla la orden legal de realizar estudios ambientales en las áreas hidrocarburíferas de La Pampa.
El ministro le respondió con una invitación a recorrer las zonas aludidas para pueda ver la situación con sus propios ojos. Al contrario de lo que dijo el diputado, Varela afirmó que los progresos fueron muchos desde que se sancionó la Ley Corta en el año 2007 y que, a través de las subsecretarías de Medio Ambiente e Hidrocarburos, se hacen cumplir normas muy exigentes en cuanto a preservación.
Ayer, a través de LA ARENA, Berhongaray salió a replicar: "El nudo del asunto es que en La Pampa no se respetan las exigencias de la Ley General del Ambiente ni con respecto a las explotaciones hidrocarburíferas, ni con respecto a muchas otras actividades que pueden producir efectos negativos en el ambiente y la salud de la población. Entiendo que legalmente corresponde revisar todas las autorizaciones efectuadas, y repetirse periódicamente las evaluaciones de impacto ambiental de acuerdo a los parámetros nacionales, y no a los provinciales".
Para el legislador, el ministro debería saber que muchos aspectos de la ley ambiental provincial quedaron derogados a partir del dictado de la Ley General del Ambiente 25675, en el año 2002. Esta última, explicó, es una ley de presupuestos mínimos, y como tal establece la legislación de base, el piso mínimo que necesariamente deben respetar las provincias. Luego, todas las cuestiones reguladas por la ley ambiental provincial que no respeten esas exigencias mínimas han quedado tácitamente derogadas.
Justamente, el radical explicó que uno de los artículos derogados era el que posibilitaba que se reemplazara la Evaluación de Impacto Ambiental que debía hacerse ante cualquier actividad que amenazara con dañar el ambiente, por una Declaración Jurada de Impacto Ambiental que deben confeccionar las propias empresas. "Esas Declaraciones Juradas de Impacto Ambiental se continúan haciendo en La Pampa, en franca violación de la normativa nacional que prohíbe ese procedimiento simplificado", denunció.
Otro aspecto que no se cumple es la exigencia de institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos sobre el ambiente. "No alcanza con realizar una única Evaluación de Impacto Ambiental previo al comienzo de cada explotación, porque el derecho ambiental tiene una pretensión de regulación continua. Tan es así que muchas legislaciones provinciales con buen criterio exigen repetir esos estudios de impacto ambiental con una cierta regularidad, por ejemplo, cada 2 años", dijo.
Berhongaray explicó que en función de "todos los desajustes" que viene advirtiendo entre la normativa provincial y la nacional, comenzó a preparar una nueva ley ambiental para la provincia, que respete todos los parámetros de la Ley General del Ambiente.