Cancelaron la matrícula del abogado Fernández

TENIA AL MENOS CINCO DENUNCIAS

Lo decidió el Tribunal de Etica en marzo y a fines de mayo se hicieron las comunicaciones formales. La cancelación implica la prohibición permanente para ejercer la abogacía. Fue por una acumulación de denuncias.
El Tribunal de Etica del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa decidió en el mes de febrero la “exclusión de matrícula” al abogado santarroseño José Eduardo Fernández Borzone a raíz de al menos cinco quejas por su desempeño profesional. La “exclusión de matrícula” es la sanción más grave que contempla el ley que rige el desempeño de los abogados pampeanos y se ha aplicado en muy contadas oportunidades. Implica que el abogado ya no podrá volver a ejercer como tal en el ámbito de la provincia de La Pampa.
La expulsión de Fernández Borzone se conoció a raíz de la publicación de los edictos que dan cuenta de esa medida y de la notificación que el Colegio de Abogados remitió al Superior Tribunal de Justicia y a la Caja Forense dando cuenta de ella. La sanción se llevó a cabo en el marco de la causa caratulada “García, Gerardo Javier, Schppe, Graciela Noemí s/Denuncia” por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) y ya fue comunicado a la titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Elena Victoria Fresco.
La decisión fue tomada por el Tribunal de Etica en el mes de marzo y comunicada unos días después a la Comisión Directiva del Colegio de Abogados. En abril se ordenaron las comunicaciones a los órganos competentes y entre mayo y los primeros días de junio se efectivizaron esas notificaciones.
En diálogo con LA ARENA, Jorge Salamone, presidente del Colegio de Abogados, indicó que la medida es “de carácter permanente” y comentó que se tomó a raíz de la acumulación de varias denuncias en contra del matriculado, cinco al menos. “La decisión de la exclusión de matrícula la tomó el Tribunal de Etica del Colegio; nosotros nos encargamos de comunicarla a quienes corresponde”, explicó el presidente. En el expediente contra Fernández Borzone cuentan no solo las denuncias de particulares sino apercibimientos que le aplicaron organismos juridisccionales de la Justicia pampeana.
La exclusión de matrícula “es una sanción muy grave, la más grave de todas”, remarcó Salamone. Aunque no dio precisiones sobre las denuncias, señaló que varias de ellas apuntaron al mal desempeño que el abogado tuvo hacia sus patrocinados.
La nota del Colegio de Abogados comunicando esta decisión lleva el número 2495/15 y fue remitida a todos los organismos judiciales de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal de Impugnación Penal en el oficio 359/12, obrantes en el Legajo 1643. Fernández Borzone se encontraba registrado en el Tomo 5, Folio 148; hasta ayer, el profesional seguía figurando en la página web del Colegio de Abogados pampeano.

Larga trayectoria
José Eduardo Fernández es un abogado santafesino que desde 1997 reside y ejerce su profesión de abogado en La Pampa. Se hizo conocido en épocas menemistas cuando fue apoderado legal de organizaciones que luchaban contra los bancos cuando querían desalojar a familiares de propietarios de vivienda única. También representó a Mujeres Agropecuarias en Lucha en épocas en que hipotecaban tierras de productores endeudados.
En tiempos más recientes actuó como patrocinante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos e integró la querella en el Juicio de la Sub-Zona 14. Allí denunció al abogado Hernán Guillermo Vidal ante la Fiscalía Penal por sus ataques a las víctimas durante el alegato y por defender el “honor” del represor Roberto Constantino, poco antes de fallecer. Lo acusó por comisión de los delitos de apología del crimen e incitación a la violencia durante las Audiencias de Debate que se llevaron a cabo a partir del día 2 de agosto de 2010.
Representó a la familia de Héctor Ortellado, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Eduardo Miravalle, cuando aquel falleció en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa, y fue el abogado defensor de Adrián Serraino en el primer juicio por picadas que se llevó a cabo en La Pampa. Allí se condenó a 5 años de prisión a Ángel Patricio Molina como autor material y penalmente responsable de homicidio culposo por el siniestro de tránsito en el que murió Serraino, el 1 de noviembre de 2008.