“Caso Báez”: piden embargo del pampeano Héctor Garro

PROPIETARIO DE COMERCIOS Y HOTELES EN LA PROVINCIA

La investigación aportada por los fiscales se basó en el análisis de lo sucedido con la ejecución de 49 obras viales adjudicadas a las empresas de Báez en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015.
JUAN PABLO VIETA
Héctor René Garro, oriundo de General Acha y otrora miembro del directorio de Vialidad de la provincia de Santa Cruz y posteriormente gerente de Austral Construcciones SA, la empresa insignia del hoy convicto Lázaro Baez, está procesado por el delito de administración fraudulenta en una causa que tiene a su cargo el juez Julián Ercolini.
Se trata del mismo expediente por el cual la ex presidenta Cristina Fernández, junto a Julio De Vido, y José López, entre otros, fueron procesados por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le solicitaron al magistrado la afectación a embargo, secuestro, apertura de cajas de seguridad, tasaciones de bienes, medidas de no innovar, e inhibiciones para todos los involucrados.
En efecto, el pasado 27 de diciembre de 2016 los fiscales pidieron el embargo de Cristina Fernández, Lázaro Baez, Julio De Vido, José Lopez, Santiago Kirchner (primo del ex presidente) y Nelson Periotti, ex director de Vialidad Nacional, por 10.000 millones de pesos. Por otra parte se solicitó también el embargo por 2.500 millones de pesos de los acusados por administración fraudulenta, grupo dentro del cual se encuentra Garro.

Afectación de bienes.
Con la confirmación de los pedidos de embargo que llego desde la Sala I el pasado 14 de septiembre, ahora los integrantes del Ministerio Público buscan concretar la afectación formal de los bienes.
Al próspero “Negro” Garro se le pide la afectación de un inmueble en Río Gallegos, 22 vehículos a su nombre, entre automotores, camiones y máquinas, y la totalidad de las acciones que comparte con su mujer en la firma La Rueda SRL.
Esa sociedad tiene domicilio legal en la ciudad de Santa Rosa, más precisamente en la avenida presidente Arturo Illia N° 1290, la misma dirección en la que se encuentra emplazado el Hotel La Delfina, propiedad de la firma.
Por otra parte, a La Rueda SRL también se le adjudicaría la propiedad del Hotel Ecop en General Acha y campos en la provincia, aunque ello no se encuentra detallado en el expediente.

La acusación.
Según se desprende de la resolución judicial de Ercolini, el procesamiento por asociación ilícita y administración fraudulenta tiene que ver con que el juez consideró en principio que hay elementos que indican que existió un direccionamiento a Lázaro Báez de la obra pública vial a construirse en Santa Cruz, para que éste luego retorne parte de los dineros públicos, que deberían haberse invertido, a los funcionarios.
Puntualmente, mediante licitaciones armadas a medida en la que se presentaban distintas empresas, pero que en realidad pertenecían todas a Báez, adelantos financieros infundados, y certificaciones de obra apócrifas, el dinero del Estado fluía a las constructoras para luego retornar a los integrantes del Estado bajo sospecha.

Otros pampeanos.
Se trata de la misma causa por la cual en algún momento estuvieron vinculados los pampeanos Graciela Oporto y Raúl “Tuti” Rodríguez, ambos con pasado en la Subsecretaría de Obras Públicas, pero que luego no formaron parte de los autos de procesamiento, al quedar deslindados en su responsabilidad.
La investigación aportada por los fiscales se basó en el análisis de lo sucedido con la ejecución de 49 obras viales adjudicadas a las empresas de Báez en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, motivo por el cual en algún momento fueron convocados los ex funcionarios pampeanos que se sucedieron en la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación.