Causa volvió a Junín

INCIDENTES POR RIO QUINTO

La causa por el corte de la ruta nacional 188 en febrero de este año por la crecida del río Quinto, volvió a los tribunales federales de Junín luego que la Corte Suprema entendiera que no es un tema de su competencia. La causa se refiere a la interrupción en la circulación por esa vía, y es una causa diferente a la de los violentos incidentes ocurridos entre vecinos de Villa Sauze y Sansinena con la Policía pampeana que ocurrieron en esa misma fecha.
La causa conlleva una acusación por “interrupción de los servicios públicos” contra los vecinos de la ciudad bonaerense de Banderaló que en febrero abrieron una brecha en la ruta 188 para aliviar las consecuencias de las inundaciones que afectaban a la región y que amenazaban con ingresar al casco urbano de esa población.
Se trata de hechos que ocurrieron a principios de febrero cuando los pobladores hicieron una “apertura deliberada de una brecha en la ruta nacional 188, que causó que las aguas acumuladas pasaran a través de ella hacia terrenos más bajos”. Las aguas que llegaban desde la provincia de Córdoba habían quedado acumuladas al norte de la ruta 188 -que actuaba como embalse natural- y circulaban por la banquina del camino hacia Banderaló. Al abrirse esa brecha, la masa de agua avanzó hacia La Pampa y descomprimió el riesgo en la localidad bonaerense.
El episodio se enmarcó en una añeja disputa entre las provincias de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa por las recurrentes inundaciones que afectan a esa región, donde confluyen los límites de las tres provincias.
En aquella oportunidad, además, la policía pampeana reprimió a los vecinos bonaerenses que cortaban “el camino del Meridiano V” -límite interprovincial entre Buenos Aires y La Pampa- para evitar que máquinas pesadas pampeanas abrieran otro paso en ese lugar a fin de que el agua escurriera en forma natural hacia las zonas más bajas de Buenos Aires.
Luego de la apertura de la causa federal por el corte en la ruta 188, el Juzgado Federal de Junín declinó la competencia pues entendió que se trataba de un asunto “originario” de la Corte Suprema.
En el expediente se investiga el posible delito de “estrago por inundación”, pero el procurador general adjunto Eduardo Casal consideró que no se trata de una “competencia originaria” de la Corte Suprema.
El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, coincidió con ese criterio y envió las actuaciones a la Justicia Federal de Junín, donde deberán continuar sustanciándose.

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