Charlín: no al juicio abreviado

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa rechazó por unanimidad el acuerdo de juicio abreviado alcanzado en la causa donde se investiga al juez federal de General Pico, José Antonio Charlín, argumentando que los delitos en cuestión se encuadran en contexto de violencia de género. Por esto, la causa debe llegar a juicio oral y público y ya se fijó audiencia para el 8 de agosto.
Charlín es investigado por delitos de abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, intento de abuso sexual simple en función de la ley de violencia de género, incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas, entre otros, cometidos durante su subrogancia como juez federal de Santa Rosa en el año 2013.
El pasado lunes, el magistrado debía asistir a la primera audiencia del juicio oral y público que fue suspendida porque acordó a través de su defensora Laura Armagno, que dijo que Charlín se hace cargo de la mayoría de las acusaciones, con el fiscal federal Jorge Bonvehí una condena de 3 años de prisión en suspenso y 5 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en el marco de un juicio abreviado.
Sin embargo, ahora el tribunal conformado por José Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava rechazó el acuerdo de las partes, argumentando que los delitos investigados se dieron en un contexto de violencia de género, por lo que las cuestiones de la causa deben dilucidarse en un juicio oral y público.
En rigor, el TOF se basó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, conocida como el fallo “Góngora”, indicando que la probation no es una alternativa para evitar llegar al juicio oral en lo que respecta a casos de violencia de género. Y consideró que el juicio a prueba es incompatible con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El magistrado, que fue suspendido por el Consejo de la Magistratura, había sido designado como titular en el Juzgado de Pico que todavía no está en funcionamiento y en 2013 fue denunciado por empleados y funcionarios judiciales como consecuencia de sus acciones durante los dos meses que se mantuvo como subrogante en el tribunal de Santa Rosa.

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