El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, pidió que el resto de las provincias del país abandonen el Pacto Fiscal de 1992, por el cual se entrega el 15 por ciento de la coparticipación federal de impuestos al Estado nacional
En una carta pública que le envió a los gobernadores, el mandatario les pidió adopten la misma medida que Córdoba aprobó el miércoles pasado, cuando la Legislatura sancionó el abandono del Pacto Fiscal. De la Sota también les solicitó buscar "caminos de unión para recuperar lo que es de las provincias".
La carta se da en un contexto donde las provincias padecen serias dificultades económicas para afrontar sus gastos y obligaciones, configurando una relación de fuerte dependencia política con el gobierno nacional. También tiene como contexto las aspiraciones de De la Sota a convertirse en un candidato presidenciable para 2015.
"El gobierno de la provincia de Córdoba tuvo que denunciar el Pacto Fiscal de 1992, luego de numerosos como infructuosos intentos de lograr con la Nación un consenso razonables y equitativo, tendiente a que ésta dé cumplimiento a las obligaciones legales que tiene asumida con Córdoba, y que desde hace mucho tiempo sin razón legal ni legítima alguna ha dejado de cumplir", explica el escrito enviado por el gobernador cordobés el jueves al resto de los mandatarios, según publicó ayer el diario La Voz del Interior.
La decisión que tomó el gobierno cordobés forma parte de una batalla legal que la provincia mantiene con la administración central, en consonancia con el pedido judicial realizado ante la Corte Suprema de Justicia, que busca el pago de una deuda pendiente del Ejecutivo nacional de 1.040 millones de pesos por jubilaciones.
Aunque ayer no hubo repercusiones en el gobierno pampeano respecto a la carta de De la Sota, se sabe que La Pampa tiene un postura muy distinta, porque pese a que Nación le adeuda más de 920 millones de pesos, el gobernador Oscar Jorge apuesta por el diálogo y la espera, sobre todo tras mostrar un gesto fuerte hacia el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al abandonar la Línea Plural, que lidera Carlos Verna, del justicialismo pampeano.
En la carta del titular del Ejecutivo cordobés, se denuncia "la sostenida como irrazonable actitud del gobierno nacional de incumplir con las obligaciones pactadas con Córdoba, privándola de importantes recursos de su propiedad".
Esa actitud, dice el gobernador, "obligó a la provincia a sustituir esos fondos con recursos tributarios propios destinados a obras de gobierno esenciales para todos los cordobeses que fueron postergadas o hasta definitivamente dadas de baja".
Con esa estrategia, según los medios cordobeses, De la Sota intenta que Córdoba se transforme en un "caso testigo" y genere una reacción en los gobernadores más distantes a la Nación o más complicados financieramente.

En contra.
En tanto, los gobiernos de Mendoza, San Juan y La Rioja salieron a rechazar ayer la posibilidad de dejar de destinar a la Nación el 15 por ciento de Coparticipación, como
propuso De la Sota, al señalar que son parte de un "proyecto nacional".
Los mandatarios Francisco Pérez (Mendoza), José Luis Gioja (San Juan) y Beder Herrera (La Rioja) se negaron a aceptar el llamado del gobernador cordobés a abandonar el Pacto Fiscal, vigente desde agosto de 1992, durante el tercer Encuentro Nacional de Gestar, detalló un comunicado de la organización kirchnerista.
"Somos parte de un proyecto nacional que conduce nuestra Presidenta y que desde el 2003 recuperó el federalismo llevando la transformación a cada una de las provincias", explicaron los
gobernadores mencionados.

El aporte en 20 años.
Las provincias aportaron en las últimas dos décadas al sistema previsional nacional el equivalente al 170 por ciento del total de una masa coparticipable anual, conforme con lo establecido en el Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992.
La ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos determinó una distribución primaria del 42,34 por ciento para la Nación y un total de 56,66 por ciento para las provincias (54,66 más 2
puntos de recupero para Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz) y un 1 por ciento para Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En el Pacto de 1992 se estableció una deducción del 15 por ciento de la masa total de recursos coparticipables, con lo que las provincias resignaron en favor de la Anses un 8,499 por ciento
(56,66 por ciento de 15), en tanto el aporte de la Nación fue en realidad a sí misma, pasando de rentas generales al sistema previsional, según un informe.
Reiterada durante los últimos 20 años, esa deducción acumulada de recursos aplicada a las provincias sería equivalente hasta el momento al 169,98% de una masa coparticipable anual.