Cuestionan uso de base de los datos de Anses

El diputado Abel Sabarots (Frepam) cuestionó el convenio y la resolución nacional que impulsó el gobierno de Mauricio Macri para la utilización de las bases de datos de Anses para cuestiones de comunicación oficial porque “colisionan con normas nacionales e internacionales que protegen los datos personales de los ciudadanos y atentan contra derechos como lo son la privacidad e intimidad de cada persona”.
Así, el pasado jueves, durante el debate en la Legislatura el Frepam aprobó por mayoría un proyecto de resolución que rechaza la resolución 166 que aprueba el Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
“En la resolución que se cuestiona se comparten datos como el celular, el correo electrónico, el estado civil y los estudios, lo que no permite la ley, sin autorización del titular de los datos”, afirmó Sabarots, agregando que “algunos datos que se toman son sensibles, por ejemplo aspectos del estado civil como casamientos, divorcios, uniones convivenciales y hasta de cambio de identidad sexual”.

Confusión.
El legislador en el recinto explicó que “peligrosamente y sin mayor aclaración, se deja abierta la posibilidad de ‘ampliar la información sujeta al intercambio'” y destacó que la Jefatura de Gabinete “busca confundir el ‘compartir datos’ en el Estado, con la 0posibilidad de usarlos para fines para los que no han sido proporcionados por las personas'”.
“Interpretar la ley 25326, como lo hace la resolución 166, implica dejar en manos del Estado a hacer lo que quiera con la información de las personas. Es preciso tener en cuenta un dato estadístico: la base de datos que cede Anses a la Secretaría de Comunicación Publica es la más grande del país, con datos personales de casi la mitad de la población que aportan o reciben prestaciones y servicios nacionales de la Seguridad Social”.
“Sin autorización de más 16.000.000 de argentinos, se otorga al gobierno la posibilidad de arrogarse el derecho de conocer el perfil de conocimiento de cada persona, sus preferencias personales y culturales y determinar, en función a ello, lo que cabe que se le informe a cada uno y el modo de hacerlo. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de la población”, explicó.

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