“Debe ser delito de lesa humanidad”

El legislador es autor de un proyecto que presentó en 2008, y que aún no fue debatido en la Cámara de Diputados. Pretende que delitos cometidos contra la administración pública sean imprescriptibles.
“El juicio abreviado no debiera proceder cuando se investigue un caso de corrupción, o enriquecimiento ilícito, o malversación de caudales públicos”, insistió el diputado provincial Martín Berhongaray (Frepam).
El legislador radical también pidió por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en el ámbito de la administración pública, y por el juicio oral y público para esas situaciones.
Luego que en la Comisión de Legislación Social de la semana que pasó, en la Legislatura provincial, Berhongaray le dijo a LA ARENA que pretende sea tratado un proyecto de su autoría que prohíbe la procedencia del juicio abreviado “cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito”.
-¿Usted considera que hay casos que serían “especiales”?
-Entiendo que, y así lo expresé en la comisión de Legislación Social, porque presenté un proyecto ya en 2008. El juicio abreviado no debiera proceder cuando se investigue un caso de corrupción, o enriquecimiento ilícito, o malversación de caudales públicos.
-Podría decirse que el juicio abreviado impide que un caso tome repercusión pública.
-Es una alternativa de excepción por el cual se simplifica el juicio previo constitucional siempre que exista acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la parte imputada de la comisión de un delito. Logrado ese acuerdo, se evita la concreción del juicio oral. Los hechos delictivos cometidos por funcionarios públicos superan claramente el interés de las partes, y por eso deben ser incluidos como verdaderas cuestiones de orden público que exigen una necesaria respuesta del derecho penal.
-¿El juicio oral y público de alguna forma brinda más garantías?
-En el juicio abreviado no hay admisión de culpabilidad, y en cambio entiendo que tratándose de delitos cometidos por funcionarios públicos tiene que primar el interés general de que se llegue al dictado de una sentencia. Y que esa sentencia se encuentre fundada en un análisis integral y exhaustivo de los hechos y de las pruebas que fueron incorporadas al proceso. Ese examen integral sólo lo garantiza el desarrollo del juicio oral y público.
-Usted sugiere que la investigación sea completa.
-Claro, porque si una causa de corrupción termina por un juicio abreviado se impide que la investigación sea lo suficientemente completa. Por eso me parece absolutamente razonable que, por la naturaleza de estas investigaciones, se deba desarrollar siempre el procedimiento común hasta su final, para así poder debatir ampliamente el tema y llegar a certeza sobre el hecho y su autoría.
-¿Esta idea sería suficiente para combatir la corrupción?
-Por supuesto que con eso no alcanza para frenar la corrupción y hay que tomar todo un conjunto de medidas para combatirla con mayor eficacia. Una de ellas, que ya propuse para La Pampa, es establecer el juicio por jurados para delitos cometidos por funcionarios públicos. Que sea la propia ciudadanía la que los juzgue y diga si deben ser declarados culpables o inocentes.
Otra interesante medida pasaría por reformar el Código Penal para que la persecución de los delitos de corrupción no prescriba nunca, es decir, para que no tengan plazo y siempre puedan investigarse.
-¿La corrupción es uno de los mayores flagelos en el Estado?
-Es importante que entendamos que la corrupción es la principal responsable de que haya pobres, la que viene fomentando la inseguridad, es la que le quita muchísimos recursos que podrían ser afectados para mejorar la educación, para tener una mejor salud, o para crear puestos de trabajo. Por eso desde ya hace algún tiempo sostengo que debiera declararse al delito de corrupción como de lesa humanidad. Las desigualdades sociales crecen cada vez más en países que no están en condiciones de detectar y castigar el robo del dinero público o la venta de decisiones del gobierno.