Descubren en Buenos Aires un caso como el de Santa Rosa

Hace ocho años, la concejala Claudia Giorgis, hoy diputada provincial, puso al desnudo un presunto fraude contra las arcas del Estado nacional. El caso se conoció periodísticamente como el de los "recorridos inflados" e involucraba a la empresa El Indio, entonces prestataria del servicio de micros urbanos de Santa Rosa, y al gobierno municipal de Néstor Alcala. La presunta maniobra defraudatoria consistía en denunciar ante Nación una cantidad mayor de kilómetros recorridos, para así percibir una cantidad de subsidios al gasoil mayor a la que correspondía. Todo con el aval del municipio, que no controlaba que lo que la empresa declaraba fuera real.
Ahora, el ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, habría descubierto que ese mismo ardid es replicado desde hace años por otras empresas, pero no en esta capital provincial, sino en la Capital Federal y en el conourbano bonaerense, en las zonas alcanzadas por el Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE). Mientras Giorgis y su compañero de bancada, Alfredo Carrascal, medían los recorridos reales, siguiendo con un auto a los micros de las distintas líneas, los funcionarios de Nación, hicieron el cruce de datos cotejando las declaraciones de las transportistas con los datos del GPS que poseen los micros en el dispositivo SUBE.

 

Cruce de datos.
La noticia la difundió ayer el matutino porteño La Nación. El cronista, Diego Cabot, informó que una alta fuente del Ministerio del Interior y Transporte reveló que encontraron la punta de una madeja que funcionó durante una década con la complicidad de muchos. "Por primera vez, en abril se cruzaron los datos satelitales que surgen de las máquinas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) con los números que las empresas de colectivos denunciaban todos los meses antes de pasar por ventanilla a cobrar las compensaciones. El resultado alarmó a los funcionarios: aparecieron fuertes inconsistencias que dejaron mal parados a unos cuantos grupos transportistas", publicó el diario capitalino.
Según el artículo, sólo el primer mes en el que Randazzo y su equipo iniciaron el cruce de datos descubrieron que mensualmente se entregaban subsidios por 13 millones de metros cúbicos de gasoil cuyo consumo no se puede justificar con los recorridos. La denuncia no puede tener más puntos en común con la realizada por la ahora diputada del Frepam, por la cual el ex intendente Alcala y su secretario de Obras Públicas, Jaime Sterin, serán llevados a juicio (ver aparte).

 

Subsidios millonarios.
La Nación asegura que los datos de kilómetros recorridos permitieron detectar que sólo en el área metropolitana se pagaban por compensaciones al combustible 30 millones de pesos de más por mes. En total, solo contabilizando los servicios de micros que tienen SUBE la suma del posible desfalco ronda los 350 millones por año que se habrían estado pagando de más. Esa cifra podría ser mucho mayor si se comprobara que la práctica está generalizada en todos los servicios.
El artículo periodístico cita declaraciones de Daniel Millaci, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), quien relativizó la denuncia y achacó la diferencia a errores de cálculo en el Ministerio. "Las máquinas tienen muchos errores. Hay algunas marcas que arrojan errores de 5 por ciento y otras cuyas diferencias van hasta 15 por ciento. Además, se tomaron como base los datos de febrero, en los que siempre hay menos servicios por las vacaciones, y a eso se le aplicó una estacionalidad. Entonces hay muchas diferencias. Es por eso", dijo el empresario al matutino porteño.

 

Sospechas.
El inicio de la investigación de Randazzo coincidiría con la llegada de nuevos funcionarios al área de Gestión Operativa del Transporte. Gerardo Otero, el funcionario que el ministro colocó en esa oficina, comenzó a trabajar en enero en el cruzamiento de datos para investigar si había algo de cierto en las sospechas que desde hace años rodean el sistema de subsidios al transporte público de pasajeros.
El sistema de subsidios compensa a los colectiveros de dos maneras: les da un subsidio como compensación tarifaria y, por otro lado, les otorga un cupo de litros de gasoil a precio subsidiado. En el caso del gasoil, la cantidad que se entrega a cada empresa de transporte del país está en directa relación con los kilómetros recorridos en el mes. Por cada litro de gasoil del cupo, la empresa paga 3 pesos, mientras que el Gobierno le paga a la petrolera que le vende el combustible los restantes 4,73 pesos.

 

¿En qué quedó la denuncia contra Alcala?
La denuncia de Giorgis y Carrascal fue radicada en junio de 2006. Originalmente, además de Alcala y Sterin, habían sido procesados el dueño de El Indio SA, Diego Carlos Osorio, y el ex director municipal de Servicios Públicos, Arturo Ripa, quienes fallecieron tiempo después.
¿Cuál fue la presunta maniobra defraudatoria? Que El Indio recorría con 16 vehículos 613.000 kilómetros semestrales y consumía 50.299 litros de gasoil mensuales. Sin embargo, en las planillas que el municipio remitió a Nación figuraban 20 vehículos, 950.702 kilómetros y 66.700 litros del combustible.
Así, los números se habrían aumentando para que Osorio cobrara más subsidios. Uno lo cobraba en efectivo y el otro con gasoil a bajo precio. Los funcionarios municipales quedaron involucrados en el supuesto fraude porque dieron fe de esos datos falsos a través de las planillas que firmaron y que equivalían a una declaración jurada.
En un primer momento, el juez federal Pedro Zabala (que falleció el año pasado) había procesado por fraude agravado a los acusados, pero luego los sobreseyó. La causa llegó a la Cámara Federal de Bahía Blanca, donde los sobreseimientos fueron anulados y el expediente recayó en el juzgado santarroseño.
La jueza subrogante Iara Silvestre solicitó dos informes: uno a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y otro a la Secretaría de Transporte. El primero fue respondido el año pasado y confirmó la denuncia de Giorgis y Carrascal. El segundo informe todavía no llegó.

 

ASF salpicada por denuncia
Autobuses Santa Fe quedó ayer en el medio de una denuncia por corrupción que el senador Luis Juez radicó en Córdoba. El legislador acusó al intendente Ramón Mestre de recibir dádivas de parte de la UTE que conforman ASF y Empresa Romero SA (ERSA), prestataria del servicio de micros urbanos en Córdoba capital. Según la denuncia, el propio viceintendente, Marcelo Cossar, admitió públicamente haber viajado con Mestre y las esposas de ambos, a la provincia de Corrientes, para asistir a una fiesta por el aniversario de la empresa. El viaje se hizo en avión y los gastos corrieron a cuenta de la firma.