Dictarán posgrado en Trabajo Forense

APROBARON ESPECIALIZACION

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa aprobó la creación de la carrera de posgrado “Especialización en Trabajo Forense”, con lo que dará respuesta a la necesidad manifestada por el Consejo de Asistentes Sociales. El pedido había sido propuesto ya que la Facultad cuenta con los recursos humanos, vinculación con sus carreras de grado y posgrado y espacio físico que hacen posible su dictado.
La carrera está destinada a asistentes sociales y abogados, aunque el Consejo Académico de la Especialización puede aceptar el ingreso de aspirantes con título universitario expedido en otras carreras de Ciencias Humanas y Sociales.
El trabajo social forense se focaliza en la interrelación entre el sistema jurídico y el sistema de servicios sociales, encontrando sentido toda vez que una dimensión legal se encuentra afectada o en litigio, no solo en el campo de la justicia, sino en todos aquellos que comprenden al sujeto: salud, educación, bienestar, delito, etcétera.

Desafío.
Según se destacó en los fundamentos para aprobar el dictado del posgrado, “la profesión del trabajador social forense tiene un gran desafío en la participación en equipos multidisciplinarios para encarar acciones de prevención del delito, impartición de justicia, readaptación social centrando su atención en la problemática social como producto de conductas antisociales y delictivas en los ambientes penal, civil y familiar, así como en determinaciones arbitrarias o abuso de autoridad cometidos en contra de la sociedad”.
También se destacó que “paralelamente, el Poder Judicial de la provincia, en su proceso de avance y adaptación al nuevo modelo, ha incorporado en los últimos años, en diferentes áreas y puntos de la provincia (Ministerio Público, Oficina de la Mujer, Fuero Penal y Civil) un significativo número de licenciados en Trabajo Social. A ello debe sumarse la reciente creación de dos Juzgados de Familia que aún no cuentan con sus equipos técnicos propios. Este contexto, sumado, por referir otro ejemplo, a las instancias extrajudiciales y prejudiciales creadas por la ley provincial de mediación integral, Ley 2699, destinadas a la resolución alternativa de conflictos escolares, familiares y comunitarios en las que se integran a los trabajadores sociales como co-conductores del proceso, demandarán profesionales con dominio en el campo jurídico”.

Fundamentos.
Se fundamentó además que “particularmente, en ámbitos dependientes de los gobiernos provinciales y/o municipales, la ley Nº 2703 de protección integral ha trasladado e instaurado competencias y atribuciones a las autoridades y equipos profesionales locales en torno a las intervenciones en situaciones de vulneración de derechos”, como así también que “este traspaso de responsabilidades requiere de equipos profesionales con especial conocimiento y manejo de los marcos normativos vigentes, así como de los modelos de intervención y posibles estrategias de resolución. Lo mismo ocurre en otras áreas: salud, discapacidad, penal juvenil, adopción, etc., donde, en función de los nuevos marcos normativos (código civil, procesal penal y leyes), resulta imperioso e indispensable especializar a los equipos profesionales”.

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