Diputados impulsan ley para frenar la usura en La Pampa

REGULARAN EL FUNCIONAMIENTO DE FINANCIERAS QUE PRESTAN A ALTISIMAS TASAS

Juan José Reyes – El justicialismo planteará en la Cámara de Diputados una ley para crear un marco regulatorio de las 32 financieras que operan en la provincia. Se apunta a monitorear los préstamos al consumo de firmas fuera de la órbita y del control del Banco Central.
La insaciable voracidad de las 32 financieras que hay en La Pampa en el cobro de sus acreencias, con tasas del 10 por ciento promedio, afecta a la sociedad en su conjunto. Estas entidades llegan a apropiarse hasta del 80 por ciento de salarios con cuotas abusivas, además del negocio del descuento de cheques y pagarés a tasas irrisorias a comerciantes.
Ahora, el justicialismo planteará esta semana en la Legislatura un proyecto de ley para crear un marco regulatorio mediante un Registro de Sociedades de Crédito, apuntando a monitorear los préstamos al consumo de firmas fuera de la órbita y del control del Banco Central, para limitar abusos y denuncias en Defensa del Consumidor por vulneración de derechos.
El proyecto pretende brindar protección a consumidores de servicios de crédito al consumo estableciendo obligaciones que logren una relación equitativa e igualitaria. En sus fundamentos explica que “los consumidores que provienen de sectores vulnerables de la sociedad y que, justamente, acaso aprovechando la debilidad dada por imposibilidad de acceso al sistema bancario”, las financieras “encuentran un nicho propicio donde desarrollar actividades por demás lucrativas”.
Esta situación expone desigualdades que el sistema financiero “formal” provoca al dejar a una parte de la población sin acceso a sus servicios por provenir de sectores vulnerables, informales, y no reunir “requisitos” establecidos para brindarles créditos adaptados a sus necesidades.

Abusos.
Argumentan que “esa falta de bancarización sumada al crecimiento exponencial del consumo, generó que sociedades de crédito ligadas al consumo, ingresaran en la economía de sectores populares de manera instantánea y con mínimos requisitos, dinero en efectivo”. Esos abusos generan infinidad de reclamos de los consumidores.
Según datos oficiales, las denuncias por estos manejos aumentaron un 30 por ciento a la fecha y desde Defensa del Consumidor destacan que el motivo principal tiene que ver con las elevadas tasas de interés cobradas por este tipo de financieras y los procedimientos aplicados. Las autoridades ya plantearon esta problemática y la preocupación por su accionar prestando dinero a tasas leoninas y beneficiadas por un marco regulatorio difuso, que impide la correcta identificación de los verdaderos dueños de las firmas donde se dificulta el planteo de reclamos, y donde se aplican procedimientos que en su conjunto limitan el derecho de defensa.

¿Quiénes son?
En la actualidad, hay 32 financieras en toda la provincia (41 bocas), considerando las altas municipales (ver aparte). Prestan dinero por fuera del circuito por más de 1.700 millones de pesos anuales, el 20 por ciento de los préstamos de la banca pública y privada, incluido Instituto de Seguridad Social, la Anses y Cajas Profesionales. Para tener una idea, la cartera de préstamos del BLP el año pasado fue de 5.200 millones de pesos.
Este sector informal de la oferta de préstamos privados y de compra de activos financieros moviliza 4,65 millones diarios ofreciendo dinero con fondos propios, sin regulación alguna. Quienes toman esos préstamos o descuentan cheques no son solo personas de bajos recursos, también hay otros en relación de dependencia (públicos y privados), concursados, empresas o personas físicas en gestión judicial con remates o con subastas sobre sus cabezas y que figuran en el Veraz.
Tienen vedado el ingreso a las entidades financieras, únicas autorizadas para colocar o pedir dinero. Muchas empresas de primera línea también suelen acudir para financiarse, algunas con facturación en “negro” sin otra alternativa que caer en el sistema paralelo. Además, están los fideicomisos privados llamados en el ambiente financiero como “pirámides”.

Intereses.
El mecanismo consiste, al revés de la lógica pura, en devolver a un “ahorrista” su dinero con intereses elevados con base en fondos aportados por otras personas que ingresan después al fideicomiso de esa “pirámide”. También usan el sistema de comercios con financiación propia (supermercados, concesionarias, casa de electrodomésticos y hasta sindicatos). Otros colocan dinero a través de escribanías, concesionarias y el uso de los mecanismos de préstamos on line (se envía fotocopia de recibo de haberes o cheques mediante foto por WhatsApp) de financieras que no están instaladas en La Pampa.

Las provincias deben regular.
En su artículo 42, la Constitución Provincial dice que “consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; información adecuada y veraz; libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno”. Asimismo, la ley 24240 de Defensa del Consumidor los protege por igual.
Esas normativas, ponen en cabeza de los gobiernos el actuar como autoridades de aplicación ejerciendo control y vigilancia en su cumplimiento, respecto a hechos cometidos en la provincia y que afecten al comercio local, juzgando las presuntas infracciones. Definen a financieras y prestamistas “como un sector que arropa a todo aquel negocio que otorgue préstamos no supervisados por el marco legal de la ley de Entidades Financieras ni la de Tarjetas de Crédito”. Esa falta de regulación sumada a que su “clientela” carece de herramientas para ejercer sus derechos provoca abusos.
Según la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Procuración General (Procelac-Ministerio Público Fiscal) permite concluir que los préstamos para consumo no bancarizados generan un daño económico y social a los sectores de menores ingresos.