Diserta Gil Domínguez

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez disertará hoy en la jornada “Análisis de los fallos Fontevecchia y Muiña en el marco del Estado constitucional y convencional del Derecho argentino”, según informó la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam.
Durante la charla, el letrado pampeano abordará dos polémicos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que aplicó el “2×1” a un represor condenado por delitos de lesa humanidad y el que condenó a periodistas.
La actividad, que comenzará a las 18 y es abierta a todo público, es organizada por la Facultad a través del Observatorio de Derechos Humanos, con colaboración del Centro de Estudiantes. Las inscripciones se pueden realizar vía Internet.
Antes de la disertación el abogado santarroseño será recibido en la Legislatura. “Es un constitucionalista reconocido a nivel nacional e internacional. Y por ejemplo tuvo gestos con nosotros cuando fuimos al Parlamento Patagónico. Es alguien que se involucró en la causa del Atuel y es un vecino de la ciudad, es decir, reúne todas las condiciones para que lo recibamos”, dijo a Radio Noticias Mariano Fernández, el vicegobernador a cargo interinamente del Ejecutivo pampeano.

Denuncia.
Gil Domínguez es docente de la Facultad y días atrás presentó una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “violación del derecho de las víctimas” del terrorismo de Estado, al aplicar la Corte Suprema el 2×1 a un represor.
La denuncia de Gil Domínguez fue la primera que se presentó ante la CIDH, luego de que la Corte resolviera beneficiar con la aplicación de la Ley del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2013 a 13 años de prisión por cinco casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos.

Periodistas.
En el fallo Fontevecchia, del año 2001, la Corte dejó firme la condena contra periodistas quienes habían sido denunciados en 1995 por el entonces presidente Carlos Menem por haber hecho pública información sobre su hijo. Los periodistas, agotadas las instancias del poder judicial local, recurrieron al sistema interamericano porque la decisión de la máxima instancia argentina era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Luego de un largo proceso internacional la CIDH, en 2011, dictaminó que, efectivamente, el Estado argentino había violado el derecho a la libertad de expresión y que, entre otras medidas, la sentencia debía ser dejada sin efecto. En un voto por mayoría, la Corte Suprema decidió en 2011 que no lo hará.