Dos ex fiscales van a juicio por un espionaje de legajos

El fiscal general Guillermo Sancho solicitó la apertura a juicio de la investigación fiscal preparatoria y formular la acusación a Romina Valeria Fernández (36 años) y Fernando Iván Fassina (35 años), quienes están acusados por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público con fines de lucro, información o datos reservados.
La acusación está sustentada en irregularidades detectadas en el sistema informático de tramitación de legajos del Ministerio Público Fiscal, algo que fue denunciado por LA ARENA a fines del año 2015. Los abogados están imputados por espiar legajos, en horarios inusuales, que no controlaban con fines lucrativos.
Para esta causa, la fiscalía solicitó informes al Superior Tribunal de Justicia para establecer qué personas habrían ingresado en determinadas investigaciones sin tener relación con las mismas. Las causas son: "Soria, Gastón N. - Sosa, Carlos L. - López, Diego F. sobre homicidio agravado en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa"; "Sosa, Carlos Lujan (padre) - Sosa, Carlos Luján (hijo) s/uso de documento privado falso y estafa"; "Veralli, Jorge (damnificado.) s/lesiones"; "MPF C/Crespo, Giselle Elizabeth y otros s/falsa denuncia".
Los acusados fueron echados por pedido del procurador general Mario Bongianino y la decisión fue tomada por el Superior Tribunal de Justicia. La causa donde está acusado Carlos Sosa, condenado por el asesinato de Griselda Fuentes Cabal en Santa Rosa, es por una sucesión. Sosa era su ex cliente.

Acusados.
Para el fiscal Sancho, la conducta de Fassina se encuadra legalmente en el artículo 248 del Código Penal, es decir, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y los hechos cometidos por Fernández, en los artículos 248 y 268, primer supuesto del Código Penal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal (artículo 54 del CP) con el delito de utilización con fines de lucro información o datos reservados.
Sancho expresó que "con el proceder reprochable de Fassina y Fernández, existió una clara lesión al bien jurídico protegido por los delitos que se le atribuyen, por cuanto se afectó el correcto funcionamiento de la administración pública. Es precisamente esta circunstancia la que excluye que el accionar desplegado por los imputados pueda ser analizado en clave de una mera infracción administrativa".
Y agregó: "No cabe la menor duda del conocimiento que tenían Fassina y Fernández del carácter reservado de la información que observaban; ello, sumado a su condición de funcionarios públicos del Ministerio Público Fiscal y su deber de reserva para con los hechos e información que por su posición jerárquica conocían".
El fiscal pidió que así se tenga por formulada la acusación realizada para con Fassina y Fernández y pidió al Presidente de Audiencia de Juicio que establezca una fecha para el debate oral y público. Fassina en su carácter de abogado decidió efectuar de manera personal su propia defensa, en tanto la defensora oficial, Mariel Anecchini, asistió a Fernández, ésta posteriormente cambió por el abogado particular José Mario Aguerrido.