Dos funcionarios de Jorge en la mira del fiscal Carola

A UN MES DE LA CAIDA DEL MINISTRO VARELA, LA FIA LE APUNTA A MARRON Y ZAPATA

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) comenzó una investigación legal, formal y documentada para establecer si existió por parte de los funcionarios de la Subsecretaría de Cooperativas de la Provincia la omisión del cumplimiento de sus deberes públicos por no fiscalizar una serie de irregularidades que se habrían cometido en la Cooperativa Regional de Provisión de Servicios Públicos y Sociales del Oeste Pampeano Limitada (Coospu) de 25 de Mayo. La resolución 813/14 que lleva como fecha 21 de noviembre además desnuda una realidad que se conocía pero no se abordaba: que el área de cooperativas es una estructura formal y que no tiene recursos para investigar ni, por lo que parece, lo quiere hacer. De esta manera, quedaron en la mira del organismo el subsecretario de Cooperativas, Claudio Marrón, y la directora del área, Gabriela Zapata.
El fiscal Juan Carlos Carola había iniciado el expediente luego de la denuncia del concejal Ricardo Poyo que había denunciado irregularidades que estarían ocurriendo en la Coospu, como la falta del llamado a asamblea de la entidad y otras que habían sido publicadas en distintos medios de la provincia. Entre las irregularidades detectadas en la Coospu, se llegó a denunciar el caso de una parapsicóloga domiciliada en la localidad de Catriel, Río Negro, que era proveedora de la institución y había facturado entre diciembre de 2012 y mayo de 2013, en facturas consecutivas, más de 600 mil pesos. Esos pagos, según una demanda “habrían sido por la construcción de una línea eléctrica, cuando aquella como monotributista tenía un límite de facturación anual de apenas 25 mil pesos”.

“Miro los papeles”.
Luego de la información sumaria iniciada por la FIA, Carola entendió que había una serie de irregularidades que ameritaban que la Subsecretaría de Cooperativas fiscalizara de acuerdo a sus facultades otorgadas por la ley nacional 20337 a las provincias, pero que no lo había realizado. La resolución indicó que por esa normativa ese organismo el que debe “velar por el estricto cumplimiento de las leyes en toda materia incluida en su ámbito, cuidando de no entorpecer la regular administración de las cooperativas”.
Iniciado el sumario, se solicitó informes a Marrón y Zapata sobre cómo y cuándo se fiscaliza a las cooperativas pampeanas y las acciones que se tomaron en el caso de la Coospu. Zapata contestó que esas instituciones “son entidades privadas, como entidad privada tiene sus órganos de administración, su Consejo de Administración y de fiscalización, que la ley llama fiscalización privada, el síndico es el único que eligen con nombre y apellido en la asamblea”. Y que si hay alguna queja del asociado, tiene que recurrir al síndico y luego al Consejo de Administración y después, agotada esa instancia, “recién viene el Estado”. “Siempre lo primero que hay que aprobar es que sean asociados” y que se presente “con las pruebas de que agotó las vías administrativas”, indicó.
Zapata declaró que “si por fiscalizar entendés auditar in situ la realidad es que no tenemos gente para hacerlo” y que “se fiscaliza la documentación que nos remiten desde las cooperativas, pero no una fiscalización, auditoría, in situ en la cooperativa”. “Yo miro los papeles que tienen obligación de mandarme”, detalló.

Sin recursos.
También Carola preguntó si los funcionarios tenían conocimiento de lo publicado por distintos medios periodísticos sobre las presuntas irregularidades en la cooperativa de 25 de Mayo. Zapata afirmó que atendieron gente y se les explicó el procedimiento y que “por ley pueden hacer presentaciones judiciales, pueden pedir la intervención de un juez”. También se consultó si había alguna actuación para fiscalizar a la Coospu y que se inició un expediente, el que estaba en la etapa de iniciación.
En tanto, Marrón dijo que había un expediente abierto por no haber llamado a asamblea y que no se cuenta con abogados, ya que son del Ministerio de la Producción. También que se mandaron notas a la entidad notificándola.
El funcionario indicó además que “la Dirección de Cooperativas y la Subsecretaría se conforman por cuatro personas, no hay recursos ni materiales ni humanos para hacer cumplir al pie de la letra la Ley de Cooperativas” y que “lo nuestro se limita a las cuestiones institucionales, no tenemos competencia en las cuestiones económicas-financieras”.