“El 6% hoy resulta insuficiente”

LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO: AVANZA EN EL SENADO LA INICIATIVA DE DURANGO

La senadora pampeana es vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura en la Cámara Alta. Allí comenzará a tratarse en breve el proyecto de ley. La intención es elevar la inversión en educación año a año hasta llegar al 10% del PBI.
“La meta es que la inversión en educación aumente año a año hasta alcanzar el 10 por ciento del PBI”, explicó la senadora nacional Norma Durango en referencia al proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que impulsa en el Senado de la Nación. A su entender, dadas las metas que tiene la Ley de Educación Nacional para los próximos años, “el 6% hoy resulta insuficiente”.
La iniciativa fue presentada hace una semana, luego de un mes y medio de trabajo en conjunto con la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y con ministerios de Educación y de Economía provinciales.
La Ley de Financiamiento Educativo que está vigente se logró durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y llegaba al 6% del Producto Bruto Interno del país. “La idea es que progresivamente el financiamiento educativo vaya creciendo hasta llegar al 10%, de los cuales el 8 estará destinado a los niveles inicial, primario y medio y el 2 a la Educación Superior”, explicó Durango, docente de profesión y dos veces vicegobernadora de La Pampa.

Estado protagonista.
Sobre la gestación del proyecto, recordó que la Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa) le acercó en su momento la base del proyecto sobre una nueva ley de financiamiento educativo, que había sido presentada el año pasado en la Cámara de Diputados con autoría de la entonces diputada Adriana Puiggrós, en consulta permanente con el equipo de la Secretaría de Educación de Ctera.
“Como Senadora de la Nación me sumé a darle impulso a la iniciativa dado el papel relevante que tiene la educación en todo proyecto de país, y en conjunto con mis asesores le dimos continuidad a una iniciativa de suma importancia, sobre todo en este momento que se hace necesario definir algunas posturas en relación al rol que el Estado Nacional debe ocupar en materia educativa, siendo protagonista de los cambios y continuidades y no delegando a terceros o desentendiéndose de los procesos sociales como si el mercado por sí mismo encausara el estado de cosas hacia su mejor fin”, sostuvo.

Medidas preocupantes.
La senadora se mostró alarmada por algunas decisiones de las actuales autoridades del Ministerio de Educación de la Nación. “Estamos ocupándonos mucho y responsablemente del tema, intercambiando opiniones con las y los distintos actores. Ya asistimos a las preocupantes medidas que este gobierno ha tomado en relación a los programas que el Ministerio de Educación de la Nación venía llevando adelante, programas que se desmantelan o ponen en duda al reducir sin justificación su personal y sin proponer soluciones superadoras, dando lugar al vaciamiento del Estado en políticas públicas en Educación”, denunció.
Entre los programas afectados mencionó los de Educación y Memoria, Coordinación de Publicaciones, Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de Adicciones, Comunidad y Convivencia Escolar, Plan Nacional de Lectura, Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Educación en Contextos de Encierro y Educación de Jóvenes y Adultos.
A su vez, rechazó otras medidas que, según apuntó, buscan el desfinanciamiento de áreas como la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (Diniee), el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), actualmente en conflicto por la incertidumbre de una buena porción de su personal respecto a la continuidad de sus puestos laborales.

Las metas hacia 2021.
El ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, afirmó en febrero de este año, en la Declaración de Purmamarca, que el objetivo de su cartera era “sostener la inversión en Educación establecida en el 6%”. Durango consideró que ese porcentual era insuficiente si se tenían en cuenta las metas que se propone la Ley 26206 de Educación Nacional.
La senadora explicó que entre los objetivos de la normativa vigente están la ampliación de la cantidad de años de escolaridad obligatoria y la universalización del Nivel Inicial; mejorar la formación docente permanente y en ejercicio; llegar a que el 30% de los alumnos de educación básica tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa; jerarquizar la educación técnica, artística, multicultural bilingüe, y en contextos de encierro, entre otras.
El proyecto de ley de financiamiento educativo impulsado ahora suma a todo esto la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial; bajar la tasa de sobre edad en la escuela primaria y mejorar las tasas de egreso en la secundaria; crear equipos de orientación escolar y tutorías; erradicar definitivamente el analfabetismo; incorporar las nuevas tecnologías y ampliar la conectividad en todas las escuelas; llevar a un máximo de 25 alumnos cada curso; integrar plenamente a los alumnos con discapacidades; lograr la extensión de la segunda lengua; mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes y mejorar la infraestructura escolar, entre otras.
“Para el año 2021 llegaríamos a un total del 10% del PBI. A su vez, el proyecto plantea cambiar la proporción del esfuerzo del Estado nacional y las jurisdicciones, invirtiendo los porcentajes actuales, ya que hoy las jurisdicciones llevan el mayor peso aportando un 60% del financiamiento”, explicó Durango.

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