El gobierno confirmó la rescisión para Werthein

LE QUITARON LA CONCESION DEL AREA PETROLERA SALINA GRANDE I

Un proyecto de ley que ya ingresó a la Cámara de Diputados pide a los legisladores declarar de interés estratégica el área y otorgarle a Pampetrol los permisos de exploración y explotación.
El gobierno provincial confirmó lo que este diario adelantó hace unos días, la rescisión del contrato a la UTE (Unión Transitorio de Empresas) de Gregorio, Numo y Noel Werthein por la explotación de Salina Grande 1, una decisión que se tomó por los incumplimientos y la falta de inversiones que dicha firma realizó desde el 28 de diciembre de 2006, cuando tomó posesión de dicha área petrolera.
A partir de la rescisión del convenio el gobierno elevó a la Legislatura un proyecto de Ley para declarar de interés estratégico el área en cuestión y otorgarle así el manejo a la firma estatal Pampetrol. El expediente 2957/07 fue firmado el 14 de julio y allí se detalla la rescisión del contrato a partir de los “acreditados incumplimientos”.
El gobierno aduce que en área Salina Grande I donde opera la UTE no se realizaron las inversiones comprometidas desde el 28 de diciembre del año 2006. Además una inspección operativa descubrió el no pago de salarios durante cinco meses, falta de alimentos y, también, la carencia de calefacción para el personal, tal como publicó este diario el 23 de julio pasado.
Un dato importante es que como las leyes especiales permiten que las áreas transferidas pasen a manos de la petrolera estatal Pampetrol, el gobernador Carlos Verna quiere que se apuren los concursos correspondientes para su desarrollo y exploración en el mayor breve plazo posible.
El mes pasado ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley del Ejecutivo que no es otra cosa que “la continuidad de la política energética de La Pampa en resguardo de sus interés y puesta en valor de los recursos naturales estratégicos plasmada a través de la Ley 2675”.
Allí se pide a los legisladores declarar de interés estratégica el área; otorgarle a Pampetrol los permisos de exploración y explotación y fundamentalmente poder “otorgarle a la petrolera estatal el derecho de uso y goce de las instalaciones, pozos y equipos que sean propiedad del Estado provincial”.

Regalías.
También faculta al gobierno a establecer el porcentaje que Pampetrol abonará en regalías o fijar la retribución pertinente al contratista por los volúmenes de hidrocarburos líquidos y gaseosos extraídos. Además pide la convocatoria a la Comisión constituida por el artículo 5 de la Ley 2.888 a efectos de participar junto al PEP en el tratamiento del contrato derivado de la presente Ley y de pleno cumplimiento de las exigencias previstas en la norma 2.675.
Lo concreto es que la rescisión del contrato vinculante referido al permiso de exploración, para el gobierno, “es pura y exclusiva culpa de la contratista”. Dice allí que “la reversión a la provincia del permiso de exploración y de la concesión de explotación importará la transferencia su favor, sin cargo alguno, de pleno derecho y libre de todo gravamen, de los pozos respectivos con los equipos e instalaciones normales y necesarias para su operación y mantenimiento”.