“El laudo de Macri tiene límites”

PORTEZUELO BERHONGARAY DIJO QUE LA OBRA DEBE TENER EL "OK" DE COIRCO

“El eventual laudo del Presidente no puede contradecir a las leyes ambientales”, dijo el diputado Berhongaray, por lo que “mientras no esté la autorización de La Pampa en el comité de cuenca, Portezuelo del Viento no puede hacerse”.
El diputado Martín Berhongaray (Frepam) aseguró ayer que el presidente Mauricio Macri “tiene límites muy precisos” para laudar sobre la construcción de la presa Portezuelo del Viento, porque “no puede contradecir lo establecido por las leyes ambientales” que imponen la necesidad de la aprobación de la obra por parte del Comité Inerjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
“La facultad de laudar en el conflicto entre La Pampa y Mendoza fue fuertemente recortada por la reforma constitucional de 1994”, dijo Berhongaray sobre la definición que deberá dar Macri respecto de la obra que rechaza La Pampa y agregó que “existen límites muy precisos a los que hay que debe sujertarse” el pronunciamiento.
De esa forma, el diputado radical se refirió al laudo arbitral que debe emitir el presidente Macri por la oposición de La Pampa a la construcción de la represa Portezuelo del Viento, que Mendoza pretende instalar sobre el río Grande, afectando el caudal y el desarrollo del río Colorado, perjudicando a esta provincia.
El diario Los Andes, de Mendoza, señaló que el laudo “es un trámite pendiente” del presidente y se especuló que el anuncio podría realizarse el pasado viernes, pero ello no ocurrió, mientras que otras voces dicen que podría informarse hoy la decisión.

Riesgo.
Berhongaray señaló que la facultad de laudar se le otorgó al Presidente en la década del 70, pero la reforma de 1994 introdujo un profundo cambio de paradigmas en materia ambiental y en lo que respecta a la defensa del derecho humano al agua que necesariamente debe respetarse.
Advirtió que “la Convención de 1994 además de introducir la cláusula ambiental en la Constitución, sumó con jerarquía superior a las leyes un conjunto de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que influyen en el alcance de la normativa vigente en el país, porque a partir de ese momento debe considerarse que pierden efecto todas las normas contrarias al contenido de los Tratados”.
Además, siguió, “el eventual laudo que dicte el Presidente no puede contradecir lo que establecen las leyes ambientales de presupuestos mínimos como la Ley General del Ambiente y la Ley de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas que son normas que se aprobaron en 2002 a partir del nuevo esquema legal”.
“La ley 25.688 de gestión ambiental de aguas prohíbe realizar obras en aguas interjurisdiccionales, como es el río Colorado, cuando exista riesgo de afectar el ambiente de las otras provincias si no existe la expresa aprobación del Comité de Cuenca”, manifestó Berhongaray.
Y siguió: “Es decir, según esta ley como Portezuelo del Viento encierra un gran riesgo de que termine afectado el ambiente de La Pampa, necesariamente esa obra debe ser aprobada por el representante de nuestra provincia en el Comité de Cuenca. Mientras no esté la autorización de La Pampa en el Comité de Cuenca, la obra no puede hacerse”.

Laudo.
El gobernador Carlos Verna en declaraciones a la prensa local consideró que “al laudo lo tenemos perdido, porque si la obra está incluida en el Presupuesto (Nacional para 2018) implica que el gobierno tiene la decisión de hacerla”.
El pedido de laudo presidencial fue planteado por La Pampa el 19 de mayo en un escrito en el que, simultáneamente, solicitó el apartamiento de Macri por su evidente simpatía con Mendoza y su explícito apoyo al avance de Portezuelo del Viento.
La Pampa planteó sus quejas en el seno de Coirco, organismo que integran las cinco provincias de la cuenca del Colorado y el gobierno nacional. Esas cinco provincias son Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires.
La presidente del Consejo de Gobierno, el órgano político del comité, está en manos del Ministerio del Interior de la Nación, y los casos que lleguen con algún voto en minoría deben resolverse en un nivel superior, que es la jerarquía presidencial.
El 19 de mayo, La Pampa objetó ante Macri la construcción de Portezuelo, pero a la vez le pidió que se aparte al momento de resolver para que la decisión final caiga en manos de una figura independiente. La propuesta pampeana fue que las actuaciones pasen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para ello se valió de las alternativas que prevé la Ley de Acefalía Presidencial.
En principio, el plazo dispuesto era de 60 días hábiles desde el 19 de mayo. Por ahora, no hubo respuesta.