El otrora poderoso Galcerán quebró y no puede salir del país

La Justicia impuso al ex diputado provincial Luis Alberto Galcerán (PJ) la prohibición de salir del país. La resolución del juez Evelio Santamaría fue dictada el pasado 31 de mayo, al disponer la quiebra de la firma Cuatro Pampeanos SA, de la cual Galcerán era socio y administrador junto a Carlos Gustavo Morán, sobre quien también pesará la misma prohibición.
En la misma sentencia se instruye al síndico actuante para que analice la posibilidad de extender a Galcerán y Morán la quiebra dispuesta respecto de la firma.
Galcerán, quien durante al menos tres períodos fuera presidente del bloque justicialista de diputados provinciales, y hombre fuerte del entonces gobernador Hugo Marín en la Legislatura, había visto declinar su estrella política hacia fines del siglo pasado.
En septiembre de 2007, y con un capital de $ 200.000, constituyó la firma "Cuatro Pampeanos SA", dedicada a la explotación de una cadena de carnicerías instaladas en Santa Rosa, y a la venta de carne al por mayor en 25 de Mayo y Catriel.
Pese a tratarse de un negocio rentable, y de contar con subsidios nacionales para el pago de salarios, menos de un año y medio después la firma entró en cesación de pagos y presentó concurso de acreedores. Sólo en concepto de cheques rechazados por el Banco de La Pampa en cinco meses, la deuda acumulada superaba el medio millón de pesos.
Al presentarse en concurso, Galcerán adjudicó la responsabilidad de la debacle empresaria a Carlos Hirtz -quien no era socio de la firma- promoviendo una denuncia penal por estafa en su contra.
Por la misma época planteó una demanda también contra el frigorífico Carnes Pampeanas.
Sobre fines de 2009, la falta de pago a los empleados de las carnicerías provocó un serio conflicto gremial que involucró al Centro Empleados de Comercio y a las autoridades laborales. En esa ocasión, Galcerán acusó a sus empleados de haberlo "apretado".
Al año siguiente Galcerán planteó una demanda de daños y perjuicios contra LA ARENA, acusándola de que la cobertura periodística dada al conflicto gremial generado con sus empleados, le habría frustrado un supuesto negocio de venta de las carnicerías, en una cifra cercana al millón de pesos.
La aventurada demanda fue rechazada en ambas instancias por la Justicia, y fue la falta de pago de las costas allí generadas lo que motivó en definitiva la declaración de quiebra ahora dispuesta.
Como resulta habitual, la sentencia dispone la incautación de todos los bienes de la empresa fallida, para su posterior remate. También se dispone incautar sus papeles, e interceptar toda su correspondencia.

Fundaciones y juicios políticos
Luis Alberto Galcerán desembarcó en la actividad privada luego de alejarse de la militancia activa de la política, particularmente dentro del justicialismo pampeano. Si bien se lo veía en los pasillos del Partido Justicialista, sus apariciones públicas no volvieron a tener el tono altisonante ni desafiante de la década del '90.
En aquellos años Galcerán era el presidente del bloque de diputados justicialistas en la Legislatura pampeana, una tarea que desempeñó mientras Rubén Hugo Marín fue gobernador de la provincia. En la práctica, el ex legisalador era el vocero y mano ejecutora de todas las políticas llegadas desde Casa de Gobierno.
Desde la presidencia del bloque Galcerán tuvo siempre un tono agresivo y por momentos patotero hacia los otros bloques y legisladores. Las largas sesiones legislativas, cargadas de agresiones personales y con las tribunas repletas de personas llevadas "ad-hoc" y al solo efecto de atacar a los legisladores radicales y del Frente de la Gente -las fuerzas opositoras en aquel momento-, fueron una rutina en los años de marinismo-menemismo. "Yo soy marinista de paladar negro", le dijo una vez a un cronista de LA ARENA que le señaló que su papel legislativo estaba lejos de honrar la división republicana de poderes.
En el trato con la prensa, humildad no era el adjetivo que caracterizaba al ex diputado.
Durante los '90 hubo una proliferación de fundaciones supuestamente benéficas que creaban los propios legisladores para "tercerizar" los subsidios que tenían asignados por su rol legislativo. Las sospechas de enriquecimiento o beneficios personales a través de estas entidades, siempre estuvo presente.
El procedimiento fue tan alevoso y escandaloso que motivó denuncias, acusaciones cruzadas y pedidos de juicios políticos. Pero el entramado contable legal estaba tan poco aceitado en ese momento, que los "agujeros negros" proliferaban y era muy difícil seguir el derrotero del dinero.
Galcerán creó dos fundaciones. Una se llamaba Integración Patagónica y funcionó desde 1993 hasta marzo de 1998. Al otro día de cerrarla, abrió Desarrollo Humano, que también marchó sobre la base a los aportes legislativos.
La entonces fiscal Susana Alvarez quiso investigar a ambas pero encontró todas las trabas posibles. La funcionaria judicial pagó caro su "atrevimiento": un grupo de diputados justicialistas encabezados por el propio Galcerán intentó destituirla a través de un juicio político basado en supuestos malos procedimientos.
El juicio no prosperó pero la fiscal vivió durante varios meses con el temor de perder su cargo por querer investigar una de las patas más turbias de los años en que el marinismo era la fuerza política dominante en la provincia.