El fiscal general apeló la prescripción de la causa de coimas
Fuentes judiciales informaron a LA ARENA que Sancho presentó un recurso de casación ante el TIP en contra de la sentencia y los miembros del tribunal la declararon admisible. De esta manera, pasó al STJ para que defina si el caso prescribió o no.
La semana pasada el TIP había sobreseído a Romero Oneto y Oppezzo por las coimas cobradas durante la construcción del Acueducto del Río Colorado porque determinaron que la causa habría prescripto. Ambos esperaban en libertad que la condena quedara firme o no.
Los jueces Pablo Balaguer y Andrés Olié, le dieron la razón a los abogados de los ex funcionarios, quienes habían sido condenados a tres años de prisión el 3 de septiembre del año pasado. La Cámara en lo Criminal 1 de Santa Rosa, integrada por los jueces Alejandra Ongaro, Elvira Rosetti y Miguel Angel Gavazza, los había juzgado y luego de enfrentar varios artilugios legales de los procesados para tratar de impedir el proceso, los encontró culpables de cohecho, como delito continuado. Romero Oneto, asesor y presidente de la Comisión Técnica del Acueducto, en carácter pasivo, pues la Justicia dio por probado que cobró las coimas, y Oppezzo, que fue jefe de inspección, en carácter activo, porque fue quien pagó.
Contrato.
Oppezzo, director e inspector de obra, había contratado como coordinador de la Comisión que estaba encargada de la ejecución del acueducto a Romero Oneto. "Fue un acuerdo entre los dos, para que el segundo percibiera una dádiva que se pretendió ocultar mediante el artilugio de la factura y el pago de los ingresos brutos", indicaron los jueces. Romero Oneto recibió de Oppezzo, que había sido contratado por esta misma comisión a los efectos de llevar la inspección de esta obra, mensualmente y en 59 oportunidades, 59 cheques entre noviembre de 1998 y diciembre de 2003.
Los abogados de ambos habían apelado el fallo de la Cámara en lo Criminal 1 porque consideraron que la causa estaba prescripta. Y los jueces del TIP establecieron en su fallo que desde que renunció como fiscal de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en 2007 y cuando se decretó el requerimiento de elevación a juicio de su causa en 2012, habrían prescripto la acción por haber transcurrido más de dos años, que era la pena que se le imponía por el delito que era investigado.
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