El MBS le respondió a Altolaguirre

Al 20 de enero de este año, eran 243 los chicos que estaban en el programa de Familias de Contención, albergados por unas 153 familias que funcionan como sustitutas. El dato surge de la respuesta que el Ministerio de Bienestar Social le dio, por escrito, al concejal santarroseño Leandro Altolaguirre, quien en octubre radicó una denuncia contra el MBS ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas -la cual fue ampliada el mes pasado- por las supuestas irregularidades en la situación de los menores que están bajo la tutela del Estado.
"El número de niños y familias (del programa que dirige la Dirección de Niñez y Adolescencia) registra variaciones toda vez que nos encontramos frente a problemáticas que, por su naturaleza, determinan ingresos y egresos regularmente", informó el MBS, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia.
En la nota se explicó además que dicha Subsecretaría "tiene habilitado un sistema de guardias profesionales que atienden los casos cualquiera sea el día y hora en que se requiera" y que "las problemáticas se abordan integralmente, por lo que debe superarse el trabajo compartimentado de las agencias públicas". El escrito lleva las firmas de Pedro Freidemberger, a cargo de Desarrollo Humano y Familia, y Juan Manuel Meana, director de Niñez y Adolescencia.
La respuesta entregada al concejal no contiene el grado de detalle que éste había solicitado, puesto que, entre otras cosas, había preguntado en qué localidad están los chicos y las familias y cuántos de los niños padecían discapacidades permanentes o transitorias, datos que no fueron especificados.
Altolaguirre denunció a los organismos competentes de la Provincia en los términos del Artículo 14 de la Ley 1.830, con la finalidad de promover la investigación de las condiciones de desamparo y abandono en que se encontrarían muchos de los menores bajo la tutela directa y/o indirecta del Estado Provincial.
Acompañado en su presentación por los diputados Martín Berhongaray y Hugo Pérez y por la concejal piquense Patricia Testa, el edil santarroseño le pidió al titular de la FIA que determine quiénes son "los funcionarios y agentes de la administración pública, que por acción u omisión resultan responsables" de esas irregularidades.
Aludían entonces a las fallas producidas "en el control y seguimiento de la situación de los niños derivados a hogares sustitutos, minihogares y/o de contención" por las cuales muchos niños y niñas en condiciones de ser adoptados "son retenidos en estas familias transitorias por la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones".