El PJ no oculta su desinterés: sólo hizo una pregunta a los testigos

La ronda de testigos, en el juicio político que se le sigue al procurador Mario Oscar Bongianino por mal desempeño en el caso Sofía Viale, se inició ayer sin mayores novedades. Tanto el fiscal general de Santa Rosa, Guillermo Sancho, como la fiscal adjunta de General Acha, María Soledad Forte, dijeron poco y nada, más allá de que globalmente favorecieron al acusado.
La relativa importancia de sus declaraciones, pese al esfuerzo que hizo el defensor de Bongianino, Francisco Marull, para realzarlas, quedó reflejada en una simple pregunta que el diputado radical Alejandro Odasso le formuló a ambos: ¿tuvo alguna intervención en el caso? Las respuestas negativas dijeron todo.
Sofía Viale es la niña de 12 años que estuvo desaparecida durante dos meses en General Pico y apareció muerta a una cuadra de su domicilio, en la casa de Juan José Janssen, el principal sospechoso, quien permanece detenido en la alcaidía.
La Sala Acusadora, donde el vernismo conforma la primera minoría, le imputó a Bongianino una serie de irregularidades, como no haberle dado instrucciones a los fiscales, no coordinar ni supervisar la investigación, no establecer una unidad de acción y no haber aplicado medidas disciplinarias, entre otras.
Ayer, en la tercera sesión de la Sala Juzgadora -compuesta por 24 legisladores, aunque faltaron el justicialista Martín Borthiry (por razones de salud) y el radical Juan Carlos Olivero-, quedó aún más claramente reflejado el desinterés del bloque del PJ por el proceso.
A esta altura parecen caber pocas dudas de que el oficialismo se abroquelará en votar en contra de la destitución de Bongianino, más allá de sus claras diferencias políticas internas. A tal punto que desde el bloque sólo se hizo una pregunta. Fue cuando María Silvia Larreta quiso saber si algún fiscal había sido sancionado por su actuación en la causa. Todos los presentes sabían que no.
Desde la oposición, interrogaron los frepamistas Odasso, Hugo Pérez y Claudia Giorgis y el macrista Darío Casado. En un momento, el primero quiso interrumpir el interrogatorio de Marull a Forte para poner blanco sobre negro que no tenía ninguna relación directa con el caso, pero la presidenta de la Sala, la vernista Fernando Alonso, se lo impidió.

Salinas estuvo sin nombrarlo.
Las preguntas de Marull, siguiendo una estrategia planificada desde el primer día, apuntaron a contextualizar la investigación criminal y a mostrar que Bongianino cumplió con todo lo que le exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. También buscó remarcar su preocupación por redactar un manual de procedimiento que es de cumplimiento obligatorio.
La defensa vienen apuntando sus cañones contra el defensor general de General Pico, Carlos María Salinas, a quien también se le pidió el juicio político. El funcionario renunció, y podría evitarlo, aunque el gobernador Oscar Mario Jorge todavía no le aceptó la dimisión. Su testimonio hubiera sido clave, y aunque el Frepam lo solicitó, el PJ se opuso. Como también se negó a escuchar al ministro de Gobierno, César Rodríguez (a quien lo hizo zafar del juicio político), a la cúpula policial, a los padres de Sofía y a familiares de otras presuntas víctimas de Janssen.
Sin nombrarlo, Marull le preguntó a Sancho cómo es su dinámica de trabajo con los fiscales santarroseños para contraponerla con la de Salinas. “Mantengo reuniones en forma permanente. Se fija un orden del día con los temas a tratar y buscamos consensuarlos. Si no hay acuerdo, defino yo”, expresó el testigo.
La cuestión de las instrucciones generales que puede dar el procurador y las instrucciones particulares que puede dar el fiscal general, siempre según la ley, ha sido un punto recurrente de la defensa para demostrar que Bongianino no estaba facultado para sugerirle a los fiscales piquenses cómo debían actuar.
“Es un tema delicado -dijo Sancho-. Yo recibo 900 causas por mes y las veo todas. Si un fiscal tiene una duda o necesita una opinión, se la doy. Es la forma en que trabajamos, hay diálogo permanente. Aunque los fiscales, de acuerdo al Código Procesal, tienen libertad de acción y son responsables de lo que hacen. Claro que también, en una estructura piramidal, tampoco pueden hacer lo que quieran. Debe haber un equilibrio entre esa autonomía funcional y la unidad de acción”. Si la voz del fiscal general había sonado dulce para Bongianino más aún lo fue cuando confirmó que al procurador le cabe dar instrucciones generales.

Delitos complejos y policía.
Otro punto en el que hizo hincapié Marull -siempre comparándolo tácitamente con la conducta de Salinas- fue en cómo ha actuado Sancho frente a delitos complejos, como un conocido conflicto por la propiedad de tierras en el oeste. Allí el testigo formó un equipo de trabajo junto a un fiscal y un fiscal adjunto para avanzar en la investigación, y lo mismo ha dispuesto en casos de delitos contra la integridad sexual. En el caso Sofía, la fiscal sustituta actuante, Noelia Affonso, le pidió a Salinas que enviara las actuaciones a la Oficina de Delitos Complejos, pero la respuesta fue que no había ningún delito que investigar ante la desaparición de la niña.
Ante otra consulta, Sancho comentó que el año pasado mantuvo, junto a fiscales, “cuatro o cinco reuniones” con la policía; mientras que Salinas no habría mantenido ninguna en los dos meses de investigación.
-Si no hiciera bien las cosas, ¿alguien lo sancionaría?, le preguntó Pérez.
-Una vez, al principio, cuando se implementó el nuevo Código, recibí una nota del procurador preguntándome por qué habían pasado 40 días sin que se hiciera una reunión.
-¿Si no hay unidad de acción, el procurador corrige ese mal funcionamiento?
-Exacto.
-Hoy usted está subrogando al procurador, ¿intervino en el reciente crimen de General Acha?
-No hablé con el fiscal, ni él tampoco me llamó.
-¿El procurador sería recriminado si se inmiscuyera en una causa particular?
-Nadie lo va a sancionar porque se ocupe o se preocupe por un caso, aunque reitero que la ley fija la libertad de acción para los fiscales.
-Usted está a cargo del sumario (administrativo contra los fiscales piquenses) y dijo que no tiene ningún conocimiento del caso Sofía, ¿cómo puede ser?, intervino Casado.
-Es así, no conozco absolutamente nada de la causa. Los diputados del Frepam pidieron al Superior Tribunal de Justicia la suspensión de un grupo de funcionarios judiciales, y el planteo relacionado con los fiscales fue remitido al procurador. El, en diciembre, dispuso que instruyera el sumario y el primer paso que di, porque así lo dice la ley, fue citar a los denunciantes para que ratifiquen o rectifiquen la denuncia. Todavía queda un diputado por venir. Por eso le dije que desconozco si hubo o no irregularidades.
Si la declaración de Sancho no tuvo relación directa con la causa de Sofía, la de Forte, menos. Ella, que antes de ocupar el cargo actual fue defensora en General Pico, se dedicó a contar cómo colaboró con Bongianino en la elaboración del manual de procedimientos. Afirmó que el procurador consultó a los fiscales para su redacción final y que ese texto es “de cumplimiento obligatorio”.
-¿Coincide con el ministro (César) Rodríguez de que el Ministerio Público de General Pico era una bolsa de gatos?, interrogó Pérez.
-No fue una expresión feliz.
Luego se explayó: “Era de público conocimiento que las personas elegidas para el ministerio no eran las deseables. Los fiscales ya habían recibido muchos cuestionamientos antes de empezar a trabajar”, concluyó Forte.

Para hoy, dos más
Hoy continuarán los testigos requeridos por el procurador. A las 10 estará en el recinto de deliberaciones de la Legislatura, su secretaria privada, Silvia Boulenaz, y a las 11, Luis Rolero, uno de los referentes de los vecinos autoconvocados de General Pico, un movimiento que generó movilizaciones pidiendo por la aparición de Sofía Viale y el esclarecimiento del caso.
El jueves, a las 10 horas, testificará el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; a las 11, el fiscal general de San Juan, Eduardo Quattropani; y a las 12, la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo. El viernes será el turno del propio Bongianino.

Dos gestos diferentes
En un momento del interrogatorio, el diputado radical Hugo Pérez, le preguntó al fiscal general santarroseño, Guillermo Sancho, de quién depende jerárquicamente, a sabiendas de que la respuesta era de Bongianino. “Las atribuciones del cargo me las da la ley, aunque dentro de la estructura piramidal (del Ministerio Público Fiscal) dependo del procurador”, indicó el testigo. Con esa pregunta, el legislador apuntó a mostrar que supuestamente, por esa cuestión jerárquica, sus respuestas estarían teñidas de subjetividad.
Por eso, inmediatamente, Sancho agregó una frase fuerte, que pareció pasar inadvertida: “Yo tengo objetividad absoluta. Mi relación con el doctor Bongianino es estrictamente laboral”.
Una imagen llamativa que pocos advirtieron, se vio al final de la declaración de la fiscal adjunta achense, María Soledad Forte. La diputada del Frepam, Claudia Giorgis, le planteó qué pasaría con un fiscal general en caso de incumplir con el manual de procedimiento y si debería ser sancionado. La testigo pareció sorprenderse y miró al defensor del acusado, Francisco Marull, como buscando una señal para contestar “correctamente”.
Ella, en todas las contestaciones, respaldó el trabajo de la Procuración e indirectamente dejó mal parado a Salinas.