El SPF amenazó a Villalva y dos jueces presentaron una denuncia penal

POR NO ADMITIR PRESOS

La advertencia la habría recibido el ministro Villalva, de parte del director nacional del organismo carcelario. El hecho fue revelado por dos jueces en una denuncia penal que realizaron el viernes contra los jerarcas locales y nacionales del SPF. Piden que el funcionario declare.
El director nacional del Servicio Penitenciario Nacional, Emiliano Blanco, advirtió al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de La Pampa, Leonardo Villalva, que iba a pedir la baja del convenio que la provincia y Nación firmaron en 2007 para que la Unidad 4 otorgue 180 cupos a presos condenados y/o procesados por la Justicia pampeana.
El hecho consta en la denuncia que los jueces de Ejecución Penal, Mauricio Pascual y Martín Saravia, radicaron el viernes contra Blanco; el director nacional del Régimen Correccional, Walter Flores y quien fuera director de la Unidad 4, Sergio Escalada. A los tres los acusan por la posible comisión de delitos penales, de acción pública, a saber: desobediencia, abuso de autoridad, omisión de deberes del oficio y denegación de auxilio.

¿Amenaza?
Pascual y Saravia recordaron en su presentación que Villalva les había informado que él, en persona, había puesto a Blanco en conocimiento de la imperiosa necesidad que tenía la Justicia provincial de alojar a personas procesadas y condenadas por sus tribunales en las Unidad 4, dado que ni las alcaidías ni las comisarías de la Policía de La Pampa estaban en condiciones de albergarlos.
“También el señor ministro de Gobierno Justicia y Seguridad nos ha expresado que el propio director del Servicio Penitenciario Federal, señor Emiliano Blanco, le habría manifestado que es su decisión no incorporar más presos pampeanos y que si nosotros, como jueces de ejecución, seguíamos insistiendo con esta problemática, “denunciaría” el convenio oportunamente suscripto, mencionado al inicio de esta presentación”, dijeron los denunciantes en el texto presentado el viernes.

Decisión consciente.
En ese sentido, concluyeron que las decisiones reiteradas por parte de la Unidad 4 de rechazar las solicitudes de alojamiento de presos pampeanos en esa dependencia federal se tomaban de forma consciente por parte de los responsables del SPF. “Esta “decisión” ilegal, de no tomar condenados pampeanos, fue comunicada a las autoridades de la Unidad 4 local y así la transmitieron estos funcionarios a las Autoridades Policiales Pampeanas que ‘rogaban’ por la incorporación de condenados a la órbita federal”, reza la denuncia.
Los jueces de ejecución penal añaden que el entonces director de la U4, Escalada, le informó de la negativa en esos términos a los jefes de las Alcaidías de Santa Rosa y General Pico, comisarios Fabio Girabel y Claudio Drapanti, respectivamente. “(Escalada) remitió a ‘sus jefes’ para justificar tal decisión (todas estas versiones podrán corroborarse con la testimonial pertinente). Es decir que, los dichos (¿advertencia?) hechos al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de nuestra provincia, por parte del señor Emiliano Blanco no fueron un mero comentario”, añadieron Pascual y Saravia.

Presos hacinados.
En las consideraciones preliminares de la denuncia, los jueces explicaron que en la actualidad hay alrededor de 120 personas condenadas por la Justicia provincial, con condena firme, que se encuentran cumpliendo sus penas de manera ilegal, en establecimientos policiales, hacinados y en condiciones infrahumanas.
Achacaron esa situación irregular a la acción u omisión producida en el ejercicio de sus funciones por los jefes penitenciarios Blanco, Flores y Escalada, “todos ellos funcionarios con capacidad de decidir”. Los denunciantes consideraron que el SPF había llevado al Estado provincial a “una situación de colapso del sistema de lugares de encierro, en tanto que, no existen posibilidades actuales de alojar personas en cualquiera de sus situaciones procesales”.
En otro párrafo, aclararon que no existía una responsabilidad exclusiva de las autoridades penitenciarias, sino que también la había en ellos mismos, como jueces de Ejecución Penal, y en otras autoridades judiciales y políticas. Sin embargo, diferenciaron a los últimos de los primeros, por considerar que los penitenciarios estaban en situación de una posible comisión de delitos de acción pública, ya que “han desobedecido órdenes judiciales legalmente impartidas; han dado órdenes contrarias a la ley; han omitido deberes de su oficio y han denegado el auxilio requerido por parte de las autoridades policiales y provinciales.”

El convenio incumplido.
En el año 2007, de conformidad con el artículo 18 del Código Penal y el artículo 212 de la ley 24660 de Ejecución Penal, el gobierno nacional y el pampeano firmaron un convenio que meses después fue convertido en ley por la Cámara de Diputados de La Pampa. En esa norma se acordó que nuestra provincia podía disponer de una cantidad de 180 plazas, hasta tanto se concluya con las modificaciones edilicias (en la U4) que el Estado pampeano se comprometía a realizar. Una vez concluida la obra, la provincia tendría un cupo de 300 plazas.
La cláusula decimotercera del convenio decía que cuando el cupo de tres centenares de plazas estuviera cubierto, la solicitud de lugares adicionales quedaría a consideración de disponibilidad exclusiva por parte del Servicio Penitenciario.
El convenio preveía no sólo la posibilidad de ubicar en la Unidad 4 local a personas condenadas, sino que también en el mismo se estableció la posibilidad de alojar personas procesadas. El artículo 1º decía: “Apruébase el Convenio (…) por el cual se acuerdan las condiciones y prestación de servicios de guardia y custodia de procesados, así como el tratamiento de condenados de la jurisdicción provincial”.
Desde hace dos años, Pascual y Saravia vienen denunciando públicamente que el SPF nunca respetó el acuerdo. No solo que no cumplió con las 180, sino mucho menos lo hizo con las 300, una vez que la ampliación de la Colonia Penal estuvo terminada.