El TdeC hizo la denuncia a la Justicia por los desvíos en Educación

El Tribunal de Cuentas entregó ayer al Ministerio Público Fiscal las conclusiones de la auditoría al Ministerio de Educación, en la que se encontraron irregularidades en las compras directas de bienes y servicios, y pidió que se investigue si se cometió algún delito, y eventualmente quién fue el autor.
Ese fue el último de una serie de pasos que dio el organismo que conduce José Sappa a partir de los resultados de la investigación interna. El TdeC ya le había enviado copias del trabajo a la ministra Jacqueline Evangelista, al gobernador Oscar Mario Jorge y al fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola.
¿Qué pasará ahora? El fiscal general Guillermo Sancho evaluará la presentación del Tribunal de Cuentas y dispondrá qué fiscal se queda con el legajo. A partir de allí se investigará preliminarmente si, a priori, existe la comisión de un delito para avanzar con la pesquisa.
La auditoría fue solicitada por Evangelista y abarcó parte de 2012 y 2013. Su primera “víctima” fue la jefa de despacho Graciela Rosalía Benéitez, quien fue separada temporariamente del cargo, al comprobarse que existieron “desviaciones en el procedimiento de adquisiciones y/o recepciones de bienes y/o servicios mediante la modalidad de contratación compra directa”.”Las desviaciones detectadas -puede leerse en las conclusiones- afectaron todo el procedimiento de contratación, y en las mismas no se atribuyan a personas determinadas, involucra la responsabilidad de los agentes intervinientes e inclusive de los proveedores”.Sobre las irregularidades, el TdeC advirtió que “no solo vulneran la normativa vigente y afectan los principios sobre los que se fundamentan las contrataciones del Estado, sino que pueden devenir en hechos o circunstancias más graves, que excedan la responsabilidad administrativa contable y disciplinaria”. Justamente por considerar que pudieron cometerse ilícitos fue que Sappa ordenó ir a la justicia ordinaria.

Relevamiento.
El trabajo del Tribunal consistió en efectuar un relevamiento de los registros en las oficinas de Educación, hablar con empleados y proveedores, y pedirle a los comerciantes un listado de los bienes adquiridos.
¿Cuáles fueron las anomalías? Por ejemplo, había copias triplicadas y cuadruplicadas de las órdenes de compra directa cuando el triplicado debe quedar en manos del proveedor. Además no constaban las firmas y el sello de la autoridad competente y la firma y aclaración de la persona que recibió los artículos facturados cuando esos son requisitos esenciales para proceder al pago. Así y todo, esos pagos se efectivizaron.
Además en las órdenes de provisión del ministerio se observó que la numeración preimpresa de los formularios no guardaba correlación con las fecha de emisión de ellos, y que en todos los casos la fecha de emisión de la orden coincidía con la fecha de emisión de la factura por parte del proveedor. Por eso el organismo de control indicó que “ello puede generar que se adquieran o contraten bienes y servicios sin contar con el crédito suficiente en la partida presupuestaria correspondiente, o que se realice una compra sin la previa autorización del funcionario interviniente”. Por otra lado, se adquirieron bienes y servicios para vehículos que no estaban especificados.